Desde la Defensoría del Pueblo se busca poner freno a la suba de tarifas por ser absolutamente irrazonable en este contexto económico. Además, se denuncia que deberán ser los municipios y no las empresas los encargados de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en caso de producirse accidentes. En dicha condición se encuentra las rutas 7 y 188, que atraviesan Junín.

La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció que los cambios que introdujeron los nuevos contratos de Participación Público Privado (PPP) en las concesiones de los corredores viales tendrán un impacto negativo en los municipios bonaerenses, ya que las empresas dejarán de hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en estas rutas nacionales que atraviesan la Provincia.

La nueva disposición determinó que, en caso de un siniestro en la ruta, serán los municipios en los que se produzca el hecho los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias que antes le correspondía a las empresas, lo que tendrá un claro impacto en las finanzas comunales.

Esta medida alcanzará a los corredores viales A (rutas nacionales 33 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).

Por lo tanto, los 16 distritos de la Cuarta Sección lindantes a las rutas 5, 226, 33, 7 y 188, pasarán a asumir los costos de los servicios que se prestan para atender un incendio o un accidente vial en las rutas que los circundan.

Ante este escenario, la Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones.