El 22 de abril de 1985, el presidente Raúl Alfonsín comienza el Juicio a las Juntas. Se dio luego de la sanción del decreto 158 por el cual ordenaban procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar ocurrido el 24 de marzo de 1976 hasta lo que fue la Guerra de Malvinas en 1982.

El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín, además del decreto 158, creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), integrada por múltiples personalidades independientes para revelar, documentar y registrar casos y pruebas sobre violaciones a los derechos humanos, y, de tal forma, fundar el juicio contra las Juntas.

El juicio tuvo una gran repercusión internacional, sobre todo en Latinoamérica, ya que países limítrofes como Chile, Uruguay o Brasil sufrieron crímenes de lesa humanidad, pero nunca pudieron llevar a los represores ante la Justicia y condenarlos. Su gran trascendencia fue lo que permitió que sea considerado un hecho muy importante de la historia.

El 9 de diciembre de 1985 se dictó sentencia: Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua. En tanto, los otros acusados, fueron destituidos de sus cargos.