Mercedes Ruffa, la concejala por Unidad Ciudadana del municipio de Lincoln, se refirió al pedido enviado a Salvador Serenal, el intendente local, sobre el uso de agroquímicos. La edil busca que se reglamente la aplicación de la ordenanza aprobada por todo el recinto del concejo Deliberante y que aseguró que fue “vetada parcialmente” por el jefe comunal, al considerarla “inaplicable”.

“Hace varios meses atrás venimos trabajando en un proyecto de ordenanza que bajó el Ejecutivo para regular la aplicación de los agroquímicos. El proyecto salió aprobado por mayoría con las zonas de exclusión de 300 y 500 metros, y luego recibimos el veto del Intendente en los artículos donde se detallaban las regiones de amortiguamiento. Buscamos medidas que se puedan llevar adelante para regular su uso dentro de nuestro distrito”, señaló en declaraciones.

Además, apuntó que “Serenal dice que la ordenanza es ‘inaplicable’”. “Desde su punto de vista, eso tiene que ver con que él no está preparado para llevar adelante la norma porque no tiene elementos dentro de su Ejecutivo para poder hacerla aplicable. En realidad, no tiene inspectores y dice que los metros no están hechos como nosotros los tenemos diagramados”, enfatizó Ruffa.

La edil de UC- PJ precisó que existen “cuestiones que juegan en contra”. “No hay una concientización de la gente que haga respetar al ciudadano y no desechar los agroquímicos dentro de un lugar urbano. En este proyecto parcialmente vetado, entre los puntos se establece que los ciudadanos pueden ir a realizar las denuncias correspondientes a las secretarias de producción o salud, donde pueden decir que hay personas que no usan los agroquímicos permitidos”, afirmó Ruffa.

Y agregó: “Se pueden hacer ordenanzas espectaculares, pero si no hay una denuncia de los ciudadanos, nunca se van a llevar a cabo”.

En tanto, Ruffa reveló que presentó una acusación en la Defensoría del Pueblo bonaerense y se reunió con el responsable del área de Medio Ambiente del organismo, Néstor Álvarez. “Me destacó que no peleemos por los metros, sino por una ordenanza aplicable. Significa dejar de lado un poco la mirada sobre los 300-500 metros, comprometer a la comunidad para que haga efectiva las denuncias y a mi municipio a que tenga las herramientas para que lleve adelante el cumplimiento de lo establecido”, sintetizó.