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    04.08.2019 -    
Agroquímicos: el conflicto por el fallo en Entre Ríos se debatió en La Rural
Fue uno de los temas de un panel sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). Disertó la directora de una escuela rural entrerriana, un productor y un dirigente de Federación Agraria Argentina.

Agroquímicos: el conflicto por el fallo en Entre Ríos se debatió en La Rural

Hace meses que la agricultura y ganadería entrerriana está en alerta por un fallo judicial que estableció alrededor de las escuelas rurales una zona de exclusión en las aplicaciones de agroquímicos de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas.


Los productores, que ya realizaron protestas frente al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y en el acceso al Túnel Subfluvial que conecta a Paraná con Santa Fe, esta semana fueron escuchados en la Exposición Rural de Palermo en el marco de un panel sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) que tuvo dos ejes temáticos: pensar soluciones para los conflictos con las aplicaciones y la presentación de una guía de BPA para la ganadería.


En La Rural, la jornada sobre BPA se realizó a sala llena.


En Entre Ríos, los productores advierten que el fallo está vigente y que si se aplican los controles un área de 300.000 hectáreas quedaría prácticamente vedada para la agricultura convencional (hay 1.024 escuelas rurales en Entre Ríos).


En el panel de La Rural disertaron Fabio Schneider, productor de Colonia Merou (departamento Crespo), Mariela Gallinger, presidente de la Delegación Crespo de Federación Agraria Argentina; y Susana Shro, directora de una escuela rural en el Departamento Paraná.


“Lo que nos pasa es inédito en el país y en el mundo. Están infundiendo miedo en toda la sociedad y poniéndola en contra de todos los productores a partir de un caso de intoxicación en una escuela rural que nunca se llegó a comprobar fehacientemente y la justicia falló por el humor social”, aseguró Schneider.


El productor explicó que el fallo no le permite hacer aplicaciones de productos homologados por Senasa, que cumplen las buenas prácticas, para controlar enfermedades de la hoja y que tampoco puede hacer reserva de pasturas para cuando termine el invierno. “Estamos atados de pies y manos”, insistió.


En su opinión, el fallo no tiene sentido y afectó los planes de siembra de trigo. “Ya se perdió toda la cosecha triguera y tendríamos que volver a labores en la tierra que destruirán décadas de conservacionismo”, describió Schneider.


Gallinger, que vive en el campo con su familia, dijo que el mejor ambientalista es el mismo productor. “No voy a estar aplicando productos que envenenen a mis hijos y nietos. La acusación que se nos hace es irracional”, sentenció.


“Desde la mirada de mujer, que defendemos la vida y trabajamos por los niños, nos duele que no nos permitan trabajar”, planteó. Además dijo que es notoria la ausencia del Estado y acusó al gobernador entrerriano Gustavo Bordet de estar jugando con fuego.


“El productor debe afrontar muchos compromisos, pero si no podemos producir el trigo, ni mantener una pastura, ni preparar el barbecho para la campaña gruesa, entonces el gobierno tiene que saber que en esas 300.000 hectáreas no van a producir nada. El daño económico lo va a sentir”, advirtió Gallinger.


La docente Susana Shro contó que hace veinte años se desempeña en escuelas rurales y que el fallo afecta a los productores, que son sus vecinos y los padres de los chicos que estudian en las escuelas.


“Puedo testimoniar que los productores son altamente responsables, siempre lo han sido. Se lo he manifestado a las autoridades cuando salieron a recorrer las escuelas rurales por este conflicto”, dijo Shro.


Además contó que le envió una nota al fiscal de Estado en el que aclara que no son todas las escuelas que pueden tener problemas sino casos muy puntuales. “Doy fe que los productores no van a hacer daño a sus propios hijos”, manifestó.


La directora de una escuela rural sostuvo que la restricción es excesiva y que le preocupa el impacto que pueda tener la medida porque las escuelas rurales se crearon para evitar el desarraigo y que los chicos no se tengan que ir a otras ciudades. En su caso particular, la escuela tiene nivel inicial, primario, secundario y un anexo de secundario para adultos.


“Veo con preocupación que se pueda generar un daño en el vínculo entre las escuelas y la comunidad. Ni el foro ecologista, ni el gremio docente, que son los que pidieron el amparo a la justicia, nunca fueron a visitarnos o a consultarnos”, concluyó Shro.

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