El extorsionador que empujó al suicidio a un soldado en la Quinta de Olivos se jactaba de la cantidad de víctimas que atesoraba

En una escucha telefónica, uno de los sospechosos mostraba su “orgullo” por el número de personas que habían caído engañadas en su trampa

“Buscá ‘estafados por Nahuel Conti’. Tengo más de un grupo con 100... 300 damnificados que son todos míos. Yo ‘puse’ a todos”.

Así, uno de los integrantes de la organización criminal que estuvo detrás de la extorsión de Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó en la quinta presidencial de Olivos en diciembre pasado, se jactaba de la cantidad de víctimas que habían caído en la trampa de la banda, integrada, en parte, por presos de penales bonaerenses.

Así se desprende de la desgrabación de una escucha telefónica incorporada al expediente que tiene en sus manos la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

El Nahuel Conti real es un oficial de la Policía de la Ciudad, pero su identidad fue usurpada por los delincuentes. Las víctimas pensaban que eran extorsionadas por un uniformado. Gómez, de 21 años, nunca supo que las personas que le exigían dinero eran estafadores que estaban presos en la cárcel de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Es más, en la carta manuscrita que dejó como despedida, el soldado Gómez hizo referencia a policías corruptos, convencido de que lo extorsionaban uniformados.

“En la carta, el soldado hacía referencias a problemas económicos causados por unos ‘policías corruptos’ que lo extorsionaban. Finalmente se supo que los extorsionadores no eran policías, sino estafadores que habían usurpado la identidad de un oficial de la Policía de la Ciudad”, dijo un detective que participó de la investigación.

La banda criminal había creado perfiles falsos de mujeres en una aplicación de citas. Era el anzuelo para atraer potenciales víctimas.

Así fue como Gómez pensó que había contactado a una joven llamada Julieta, pero en realidad era un perfil creado en la app Evermatch por la banda, a la que los investigadores calificaron como una "pyme del delito".

Tras los primeros mensajes por la app, Gómez y la tal Julieta continuaron su conversación en chats de WhatsApp.

Así hasta que, en un punto, llegó lo que la organización criminal llamaba “el audio del terror”: un mensaje de voz de la supuesta madre de Julieta donde acusaba al soldado Gómez de ser un “degenerado” por haberse metido con su hija, que era menor de edad.

El plan criminal continuaba con la aparición de un supuesto policía que le exigía dinero al denunciado a cambio de que “cajonear” la causa judicial en su contra.

La “pyme del delito”, según explicó la jueza Arroyo Salgado, le usurpó la identidad a un oficial de la Policía de la Ciudad para concretar el plan criminal.

En Facebook existen grupos que llevan como nombre “estafados por Nahuel Conti”, donde cuentan las extorsiones de las que fueron víctimas.

“A medida que se pudo avanzar en la investigación se determinó que detrás de la manipulación extorsiva había tres delincuentes que estaban detenidos en cárceles del SPB”, dijo este lunes la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en una conferencia de prensa en la que se expusieron los avances de la pesquisa por el suicidio del soldado Gómez.

Feron varias las transferencias que hizo el soldado a cuentas de billeteras virtuales. “La extorsión fue por 1.400.000 pesos, mucho dinero para él”, dijo un detective que participó de la investigación.

Un día antes de que Gómez se quitara la vida recibió varias llamadas. Primero no atendió. Eso fue el mediodía del 15 de diciembre pasado. Esa tarde, a las 17.34, hubo una comunicación de diez minutos de duración con una línea telefónica de La Plata.

Una vez finalizada la comunicación, el soldado envió el comprobante de una transferencia por $213.000. Pocos minutos antes de las 18 hizo otra operación por $400.000 y a las 18.38 otra más por $500.000,

Al día siguiente, a la madrugada, cuando Gómez ya estaba muerto, en su cuenta de WhatsApp entró un mensaje que decía. “No veo el comprobante” y, entre las 9.05 y las 9.22, otras tres llamadas desde la línea radicada en La Plata.

“Gracias al trabajo estratégicamente coordinado ¬entre la Justicia Federal de San Isidro y la División Homicidios de la Policía Federal, hoy el Estado argentino puede decir, con firmeza y con sustento, que esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y que no es un hecho que quedará impune”, dijo la jueza Arroyo Salgado en la conferencia de prensa del lunes.

La ministra Monteoliva agregó: “Un teléfono celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirle que tenga un arma en la celda. No se puede permitir en ninguna cárcel del país”.

La causa tiene siete imputados: Tomás Francavilla y Mauricio José Duarte, que estaban presos en la cárcel de Magdalena hasta que fueron trasladados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y considerados los líderes de la banda; Kevin Sandoval, que mientras se hacían las extorsiones estaba alojado en la cárcel de Lisandro Olmos, y cuatro mujeres, señaladas como las que recibían en cuentas de billeteras virtuales el dinero que transferían las víctimas.