El Gobierno sumó dos nuevas victorias legislativas en la recta final de las sesiones extraordinarias. Por un lado, logró ratificar por amplia mayoría el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que marca un hito en la política de comercio exterior. Por otra parte, el oficialismo consiguió darle media sanción a la nueva Ley de Glaciares, en una votación más peleada y cargada de tensión.

El convenio entre el Mercosur y la UE recibió 69 votos afirmativos, una mayoría que no se veía desde hace tiempo en el Senado. Hubo solo tres negativos, de senadores identificados con la expresidenta Cristina Kirchner: los bonaerenses Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” De Pedro, y la fueguina Cristina López.

El Gobierno no perdió el tiempo: después de ver frustrada la misión de ser el primer país en aprobar el acuerdo -se adelantó Uruguay por unas horas-, el presidente Javier Milei se apuró a firmar primero el decreto de promulgación. Esto le permitirá a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del convenio, según explicó el canciller Pablo Quirno.

De acuerdo con datos oficiales, el 92% de las exportaciones del bloque sudamericano a la UE dejarán de tener aranceles. También se establece un cupo anual de exportación, con aranceles preferenciales, de 99.000 toneladas de carne bovina, 180.000 toneladas de carne aviar y 1 millón de toneladas de maíz, entre muchos otros puntos. Las proyecciones de crecimiento exportador son de hasta 122% en diez años para Argentina.

“El país decidió cambiar retraso por prosperidad. Durante mucho tiempo, Argentina giró adentro de una lógica proteccionista, donde miraba al mundo como un enemigo. Hoy estamos en otra dimensión: una dimensión de competir, producir, crecer y volver a ocupar un lugar en el escenario global”, resaltó Patricia Bullrich al cierre del debate.

La jefa del bloque libertario sostuvo: “Es un resultado de más de 40 años de una estrategia que al país le va a traer los mejores resultados en la historia. El comercio aumenta la libertad: esa es nuestra mirada y nuestra filosofía. Las barreras comerciales generan un modelo corporativo, donde los precios son más altos y el poder adquisitivo se destruye”.

Salvo los tres kirchneristas que votaron en contra, todo el resto de la bancada justicialista votó a favor, en sintonía con el apoyo que ya había expresado la mitad del bloque de diputados. “No vamos a oponernos a un tema que se trabajó mucho tiempo. Hay muchas provincias que piensan que las puede beneficiar”, admitió el presidente del interbloque, José Mayans. Sin embargo, marcó que “hay que trabajar mucho en corregir las asimetrías que tenemos, en primer lugar no con la Unión Europea, sino con Brasil”.

La reforma a la Ley de Glaciares tuvo menos apoyo que el proyecto anterior: obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Entre los cordobeses, Luis Juez (que se acaba de incorporar al bloque de La Libertad Avanza) votó a favor pese a que había respaldado la ley vigente cuando se trató en 2010. Carmen Álvarez Rivero también acompañó la propuesta del Gobierno. La peronista Alejandra Vigo, del flamante interbloque Impulso País, votó en contra.

La iniciativa apunta a redefinir la zona periglacial para dejar bajo protección solo aquellas áreas que tengan una “función hídrica”, y habilitar en el resto actividades extractivas. Esta reforma es rechazada por organizaciones ambientalistas; a primera hora de la mañana, activistas de Greenpeace saltaron las rejas del Palacio y se fotografiaron sentados sobre inodoros de plástico con una pancarta que rezaba “No se caguen en el agua”.

Las provincias más interesadas en la nueva ley son Catamarca, Salta, San Juan y Mendoza, por las posibilidades que ofrece para la exploración y explotación de litio y cobre. De hecho, la flexibilización de la ley fue uno de los compromisos asumidos por la Casa Rosada ante los gobernadores de esos distritos a cambio de apoyo al Presupuesto 2026.

Una de las palabras más esperadas en el recinto era la de Juez, que en 2010 había defendido con énfasis la actual Ley de Glaciares. El archivo salió a la luz en las últimas horas. “En aquel momento había que establecer un presupuesto mínimo, hacer el inventario, determinar de que estábamos hablando. Fue un debate muy intenso, no me arrepiento. Pasaron 16 años”, se justificó el cordobés.

También en defensa de la ley, el peronista catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil, argumentó: “El debate no es minería sí o minería no. El debate es cómo, dónde y bajo qué condiciones. Y eso exige un marco jurídico aggiornado que no sea ambiguo y corrija los equilibrios. Proteger el agua es una obligación moral y constitucional, como también lo es generar empleo”.