Horas atrás  se conoció una decisión que genera fuerte polémica y abre un nuevo frente de conflicto en la provincia de Buenos Aires, donde más de 70 efectivos policiales fueron expulsados de la fuerza por su participación en las manifestaciones realizadas en el año 2020 en Puente 12.

La medida, adoptada en el ámbito de Asuntos Internos, cae sobre agentes que habían sido investigados en una causa penal que finalmente fue desestimada, lo que agrava aún más el cuestionamiento sobre la legalidad y oportunidad de la sanción.

Desde distintos sectores sostienen que la acción disciplinaria aplicada no solo resulta desproporcionada, sino que además estaría prescripta, lo que configuraría —según advierten— una verdadera aberración jurídica.

Pero el impacto va mucho más allá de lo administrativo: detrás de cada uniforme hay historias personales.

Se trata de madres y padres de familia que, de un día para el otro, quedaron sin trabajo, en un contexto económico crítico, lo que genera una fuerte preocupación social.

El caso también reaviva el debate sobre lo que muchos califican como una "doble vara" dentro de la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Mientras desde el propio gobierno se avala y participa activamente en manifestaciones y actos políticos contra la administración nacional, a los efectivos policiales se les niega la posibilidad de expresarse y reclamar por mejoras salariales y condiciones laborales dignas.

La contradicción es evidente y deja al descubierto un criterio desigual que, lejos de aportar soluciones, profundiza el malestar dentro de la fuerza..