Hoy  se llevaron a cabo 90 allanamientos simultáneos en varios puntos del país en el marco de investigaciones de estafas de inversión, que generaron un perjuicio económico en principio por casi tres mil millones de pesos ($3.000.000.000), y en los que se detuvieron a 21 personas.  

A partir de más de un centenar de hechos ilícitos denunciados en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, se procedió a un análisis en conjunto, detectándose similares modalidades de fraude que comienzan habitualmente con publicaciones o contactos directos que prometen ganancias rápidas y seguras.

También, utilizan logos, nombres, dominios de correo electrónico y diseños web que imitan instituciones y/o empresas reales. 

A menudo, recurren al uso de la imagen de figuras públicas, celebridades o de expertos financieros para validar el fraude. Luego de captar la atención de la víctima, los estafadores simulan operaciones financieras o bursátiles y solicitan sucesivas transferencias de dinero destinadas a supuestas inversiones de trading o cripto. En una de las organizaciones investigadas, se determinó la participación de ciudadanos de origen oriental en la operatoria delictiva. 

El operativo fue coordinado por el Equipo de asistencia y coordinación en materia de Criptoactivos a cargo del Dr. Rafael García Borda y de la Dra. Sabrina Lamperti, bajo la dirección de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General a cargo del Dr. Francisco Pont Verges, y corresponde a la  labor llevada a cabo por Agentes Fiscales e investigadores referentes de 10 Departamentos Judiciales de la provincia: Azul, Fiscal Dr. Adrián Peiretti, Cdor. Roberto Terrile y la Secretaria Dra. Débora Marconi; Bahía Blanca, Fiscal Dr. Gustavo Zorzano y equipo de la UFI de Delitos Complejos; Junín, Fiscal Dr. Martín Laius; Lomas de Zamora, Fiscal Dr. Gustavo Javier Martinez; Mercedes, Fiscal Dr. Lisandro Masson y Secretario Dr. Agustín Carpanetto; Pergamino, Fiscal Dr. Nelson Mastorchio y Director de Dpto de Cibercrimen Dr. José María Cifuentes; Quilmes, Daniel Ernesto Ichazo, Fiscal General Adjunto, Ayudante Fiscal Dr. Leandro Montejo y Secretaria Dra. Gisela Gorosito; San Isidro, Fiscal, Dr. Patricio Ferrari y Secretario Dr. Alejandro Orlandini; San Martín, Fiscal Dra. Andrea Andoniades; San Nicolás, Fiscal Dra. María Verónica Marcantonio, Secretario Dr. Julio Pérez Carretto y Agente Agustín Curti, ambos de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital.

Asimismo, cabe destacar la  labor de la Policía Federal Argentina, a través de la Dirección General de Cibercrimen a cargo del Comisario Mayor Adrián Acosta, que efectivizó los allanamientos con alcance federal e impacto simultáneo en distintos puntos del país. 

La investigación contó además con la colaboración de la Policía de Investigaciones del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, en el marco de un trabajo articulado e interjurisdiccional, a cargo de la Ministra Dra. Mercedes Rus, así como de los Juzgados de Rogatorias de CABA y de las provincias de Misiones, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza, participando también personal especializado de la División Investigaciones Cibercrimen AMBA SUR III – Florencio Varela de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

Como resultado de estos procedimientos, se procedió al secuestro de casi $60.000.000 millones de pesos e incautaciones en criptoactivos por más de 8.000.000 USDT (equivalente a más de 8 millones de dólares en criptoactivos), así como CPU, tablet, computadoras y 80 teléfonos celulares. 

Los montos incautados y congelados, con la colaboración de empresas privadas proveedoras de servicios de activos virtuales, representan el mayor volumen de incautación registrado en los últimos tiempos, superando los más de 2 millones de dólares estadounidenses secuestrados por el Equipo especializado en Criptoactivos durante la operación RainbowEx, en 2024. 

Modalidades detectada

a) Estafas de inversión.  En el marco de varias de las investigaciones, los especialistas detectaron la utilización de una aplicación disponible para descarga en Google Play Store, mediante la cual se inducía a las víctimas a creer que se trataba de una plataforma legítima de inversiones con supuestas ganancias reales. No obstante, los investigadores advirtieron que el hecho de que una aplicación se encuentre publicada en la tienda oficial de Google no garantiza su autenticidad ni la veracidad de las operaciones financieras que promete.  Los investigadores también advirtieron sobre el crecimiento sostenido de este tipo de maniobras en todo el país, en las que numerosas víctimas realizan inversiones en plataformas falsas o en aplicaciones que imitan a servicios financieros legítimos. En muchos de los casos, las personas siguen instrucciones brindadas por supuestos asesores o referentes financieros que no se encuentran registrados como idóneos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que incrementa el riesgo de fraude y dificulta la trazabilidad de las operaciones. 

b) Inversiones y transacciones de compraventa por hackeos de WhatsApp. En otra de las causas la investigación reveló una maniobra de estafa en la que los autores contactaban a las víctimas haciéndose pasar por conocidos, tras obtener sus números telefónicos mediante un presunto hackeo, y les ofrecían operaciones de compra de dólares. En dos de los casos analizados, las víctimas transfirieron sumas millonarias que luego fueron derivadas a distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales, desde donde parte del dinero fue utilizado para adquirir criptomonedas USDT mediante operaciones P2P en Binance. 

Posteriormente, los criptoactivos fueron enviados a usuarios registrados en Venezuela a través de Binance Pay. 

La pesquisa permitió identificar domicilios vinculados a los titulares de las cuentas utilizadas en Mendoza y González Catán, mientras que intervenciones telefónicas sobre el IMEI empleado para contactar a las víctimas revelaron la recepción de más de 100 códigos de activación de WhatsApp y WhatsApp Business, presuntamente utilizados para habilitar nuevas líneas telefónicas destinadas a la operatoria fraudulenta. 

En particular en esta investigación correspondiente al Dpto. Judicial Azul, se procedió al secuestro de 4025 USDT de cuentas radicadas en el extranjero.

 c) Aplicaciones falsas e infracción a la propiedad intelectual (piratería digital) En el Departamento Judicial de San Isidro, también se pudo avanzar en la investigación de una organización criminal de origen chino que derivó en el secuestro de aproximadamente 8 millones de dólares en criptoactivos. Según la pesquisa, la banda se dedicaba a la creación, desarrollo y distribución de plataformas que vulneraban derechos de propiedad intelectual y que, además, funcionaban como programas “infostealer”, diseñados para sustraer ilegalmente información de los usuarios. A través de tareas de trazabilidad sobre las operaciones con criptomonedas, los investigadores lograron identificar e incautar flujos de dinero vinculados a las maniobras ilícitas.