Ariana Yael González, de 36 años, testigo principal en el juicio por el brutal asesinato del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, fue hallada muerta en su domicilio de Lomas del Mirador. 

La mujer, que había sido pareja de Maximiliano Pilepich —uno de los tres condenados a prisión perpetua por el crimen—, apareció colgada de una ventana con una soga, y aunque las primeras pericias apuntan a un posible suicidio, la fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis, incluyendo instigación o homicidio. González había declarado semanas atrás ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora, describiendo a Pilepich como “un manipulador, narcisista y un enfermo”, y señalando también a Nahuel Vargas y Matías Gil, los otros dos condenados. 

Su testimonio fue clave para el veredicto unánime del jurado popular que responsabilizó a los acusados por el asesinato de Pérez Algaba, cuyos restos fueron hallados descuartizados en valijas arrojadas en un arroyo de Ingeniero Budge. 

La muerte de González, ocurrida apenas días después de la sentencia, reaviva el impacto social de un caso que ya había sacudido a la opinión pública y abre un nuevo capítulo de incertidumbre en torno a la seguridad de los testigos y la transparencia judicial en Argentina.