La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó que la Argentina deberá pagar USD 390,9 millones a Titan Consortium por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El tribunal rechazó el recurso presentado por el Estado para anular la sentencia de primera instancia y habilitó al fondo a continuar con las acciones destinadas a cobrar la indemnización.

El país lleva 16 meses sin realizar pagos vinculados con el laudo, situación que impulsó a Titan a acelerar su ofensiva judicial. La firma aclaró que el reclamo no está dirigido contra Aerolíneas Argentinas, sino contra el Estado nacional. La decisión aumenta el riesgo de nuevos pedidos de embargo sobre bienes argentinos ubicados en el exterior.

El conflicto comenzó después de la expropiación de las compañías, entonces controladas por el grupo español Marsans. La empresa recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial. En 2017, el Ciadi falló a favor de Marsans y estableció una compensación de USD 320 millones, más intereses.

Marsans transfirió posteriormente los derechos del litigio a Burford Capital, que luego los vendió a Titan Consortium. Desde 2021, el fondo busca que la justicia estadounidense reconozca y ejecute el laudo arbitral. En mayo ya había intentado avanzar sobre colaterales de los Bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York.

Al momento de la estatización, Aerolíneas y Austral acumulaban pasivos cercanos a USD 890 millones. Las valuaciones fueron contradictorias: Crédit Suisse calculó un valor de entre USD 250 millones y USD 450 millones, mientras que el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un patrimonio negativo superior a USD 760 millones.

El fallo se conoció mientras Aerolíneas Argentinas atraviesa una mejora financiera. La compañía cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, casi el doble que el año anterior, y anticipó que tampoco solicitará aportes del Tesoro durante 2026. El Gobierno mantiene su intención de sanearla y privatizarla, aunque cualquier transferencia deberá contar con autorización del Congreso. El litigio lleva 15 años y todavía no tiene un cierre definitivo.