La Justicia de Morón inició jornadas de capacitación destinadas a efectivos policiales de la región de cara a la entrada en vigencia de la Ley 27.801.

El nuevo régimen comenzará a aplicarse el 5 de septiembre y plantea un desafío central: garantizar lugares adecuados para alojar a adolescentes cuando la Justicia disponga medidas de privación de la libertad.

La Justicia de Morón puso en marcha un proceso de capacitación dirigido a integrantes de la Policía Bonaerense, con el objetivo de preparar a los efectivos para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Las primeras jornadas alcanzaron a personal policial de Morón e Ituzaingó, mientras que durante la próxima semana está previsto que la formación continúe en Hurlingham y Merlo, distritos que integran el mismo Departamento Judicial.

Las actividades fueron encabezadas por integrantes de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de Morón y se desarrollaron en coordinación con el Ministerio de Seguridad bonaerense y el Ministerio Público Fiscal.

•La nueva normativa comienza a regir el 5 de septiembre

La Ley 27.801, publicada en marzo de este año, reemplazará al régimen establecido por la Ley 22.278 y comenzará a aplicarse desde el 5 de septiembre de 2026.

Uno de los principales cambios consiste en incorporar al sistema de responsabilidad penal a adolescentes desde los 14 años, alcanzando a quienes tengan entre 14 y menos de 18 años al momento de cometer el hecho investigado.

De esta manera, los adolescentes de 14 y 15 años que anteriormente quedaban fuera del sistema penal por razones de edad podrán ser sometidos a una investigación judicial bajo las reglas del nuevo régimen.

Sin embargo, ingresar al sistema penal juvenil no significa automáticamente terminar detenido.

•La prisión no será la única respuesta

El nuevo esquema contempla distintas alternativas y medidas judiciales, entre ellas restricciones de acercamiento, amonestaciones, reparación del daño, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y participación en programas educativos, laborales o de tratamiento.

La privación de la libertad aparece como una medida de mayor gravedad y deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la legislación.

Además, la normativa establece límites específicos para las sanciones aplicables a adolescentes y descarta la posibilidad de imponer prisión perpetua.

•Qué deberá hacer la Policía

Uno de los objetivos principales de las capacitaciones es que los agentes conozcan las garantías que deben respetarse durante una intervención que involucre a un adolescente.

Entre otras cuestiones, el joven deberá contar con asistencia jurídica desde el inicio del procedimiento, ser informado de manera comprensible sobre el hecho que se le atribuye y conocer su derecho a no declarar.

También deberá comunicarse la situación a sus padres, tutores o responsables.

El régimen establece, además, fuertes restricciones respecto de la difusión de información que permita identificar al adolescente involucrado. La protección alcanza a su nombre, imagen, domicilio, familiares y otros datos personales.

En caso de disponerse una detención, el adolescente deberá permanecer separado de personas adultas y en espacios adecuados para menores de edad.

•El punto crítico: ¿hay suficientes lugares de alojamiento?

Más allá de la capacitación de policías, fiscales y operadores judiciales, el nuevo régimen deja planteado un interrogante de enorme importancia para la Provincia: ¿dónde serán alojados los adolescentes cuando un juez ordene una medida de encierro?

La legislación establece que deben utilizarse establecimientos especializados y con personal capacitado. Las comisarías comunes y las unidades penitenciarias destinadas a adultos no constituyen una alternativa compatible con esas exigencias.

El problema adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de que aumente la cantidad de adolescentes que ingresen al sistema de responsabilidad penal.

Según datos mencionados por autoridades provinciales, antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa ya existían adolescentes menores de 16 años privados de su libertad mediante medidas de seguridad.

La discusión, por lo tanto, no pasa solamente por construir nuevos establecimientos, sino también por saber cuántas plazas estarán realmente disponibles, dónde estarán ubicadas y si tendrán capacidad suficiente para responder a las decisiones de los distintos departamentos judiciales.

•La Provincia construye nuevas plazas

El Gobierno bonaerense informó obras en el complejo Villa Nueva Esperanza, ubicado en Abasto, partido de La Plata.

El proyecto contempla nuevos módulos, espacios sanitarios y educativos y sectores de alojamiento que permitirían sumar aproximadamente 100 plazas. También se anunciaron trabajos de recuperación y ampliación en establecimientos ubicados en otros puntos del territorio bonaerense.

La ejecución de las obras fue proyectada de manera escalonada. Sin embargo, uno de los interrogantes que permanece abierto es cuántas de esas plazas estarán efectivamente habilitadas y disponibles al momento de comenzar a regir el nuevo régimen.

•Morón se prepara, pero el desafío excede a la Policía

La capacitación de los efectivos representa uno de los primeros pasos frente al cambio de legislación. Pero la implementación del nuevo régimen requerirá una estructura mucho más amplia.

Fiscales, defensores, jueces, equipos interdisciplinarios, operadores especializados, programas educativos y de reinserción y establecimientos adecuados deberán estar preparados para responder a las nuevas causas.

La normativa también contempla la posibilidad de establecer convenios entre jurisdicciones para trasladar o alojar adolescentes cuando sea necesario. Una herramienta que podría aliviar eventuales problemas de capacidad, aunque también abre otro debate: la distancia entre el lugar de alojamiento, la familia del adolescente y el tribunal que lleva adelante la causa.

Desde el 5 de septiembre, el cambio dejará de ser una discusión legislativa y comenzará a convertirse en una realidad cotidiana para el sistema judicial y policial.

En Morón, Ituzaingó, Hurlingham y Merlo ya comenzó la preparación de los agentes. Ahora resta determinar si la infraestructura y los recursos disponibles estarán a la altura de un régimen que amplía considerablemente el universo de adolescentes que podrán quedar bajo investigación penal.