El fútbol de ascenso vuelve a quedar en el centro de la escena judicial, esta vez con ribetes insólitos que rozan el escándalo financiero y político. La actual comisión directiva de Deportivo Español, encabezada por María Sol Méndez, decidió ir a fondo y presentará una denuncia penal contra el exdirector técnico y exmanager del club, Ricardo Caruso Lombardi, a quien acusa de usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita.
El detonante fue el resultado de una auditoría interna que sacó a la luz un acuerdo calificado de "leonino". Según la investigación, Caruso Lombardi se habría quedado de forma ilegítima —y hasta el año 2036— de la concesión y explotación de dos canchas de césped sintético del predio ubicado en el Bajo Flores.
Un contrato a espaldas del club y con sombra piramidal
El pacto que hoy dinamita la relación institucional se firmó durante la gestión anterior liderada por Diego Elías. Lo llamativo y grave del asunto es que jamás pasó por la Comisión Directiva ni por la Asamblea, requisitos indispensables para este tipo de operaciones.
El convenio no solo otorgaba el usufructo de las instalaciones a un tercero, Uriel Videtta, y a la firma Zoe Capital —la tristemente célebre empresa de Leonardo Cositorto vinculada a la megastafa piramidal de Generación Zoe—, sino que establecía condiciones insólitas:
El club debía percibir la suma irrisoria de $1.000.000 anuales por una hora de uso diario, dinero que, para colmo, la institución jamás vio ingresar.
Las divisiones inferiores de Deportivo Español sufrían un vaciamiento operativo, ya que el contrato restringía el uso de las canchas a una sola vez por semana.
El acuerdo se rubricó en un momento en el que el club carecía de la autorización de uso de tierras por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (permiso que recién se obtuvo en diciembre de 2025), lo que agrava la figura penal al encuadrar en el artículo 181 del Código Penal por alquilar tierras públicas simulando derechos de explotación.
Buffets clandestinos y amenazas
La auditoría también constató que los involucrados subconcesionaron un espacio dentro del predio para levantar un buffet sin permiso de obra ni habilitación, violando tanto las normativas porteñas como la legislación nacional. El local comercial operó en la ilegalidad hasta que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) dictó su clausura definitiva tras acumular múltiples infracciones.
Cuando la nueva dirigencia advirtió la maniobra e intentó dar de baja el contrato espurio, la respuesta fue la intimidación. De acuerdo a la denuncia, Caruso Lombardi amenazó públicamente a los directivos con "matarlos" mediáticamente en programas de TN Deportivo y en el canal de streaming Aura si no retrotraían su decisión, configurando un presunto delito de extorsión.
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