Una investigación federal por narcotráfico puso a Junín dentro del circuito de distribución de una organización que operaba desde Rosario y otras ciudades del sur de Santa Fe.

Siete personas fueron imputadas y, según la fiscalía, una de las acusadas realizaba viajes habituales a nuestra ciudad para entregar droga y cobrar el dinero de las operaciones, mientras que durante los 29 allanamientos ordenados en la causa también hubo procedimientos en Junín.

La investigación está a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Región NEA y la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario.

Los fiscales sostienen que la estructura funcionó al menos desde el 3 de mayo de 2024 y tenía actividad en Rosario, Roldán, Funes, Carcarañá y Villa Gobernador Gálvez.

Pero la operatoria, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia judicial, no terminaba en Santa Fe: la red de distribución mayorista llegaba hasta Junín y su zona de influencia.

Uno de los datos centrales para reconstruir esa conexión aparece en el rol atribuido a E.V.M., una de las cuatro hermanas investigadas. La fiscalía aseguró que era la conductora habitual de los viajes de entrega y cobro a Junín.

También le adjudicó tareas de distribución y custodia de estupefacientes, además de impartir instrucciones sobre el fraccionamiento de la droga y controlar el dinero obtenido por otros integrantes.

Otro de los imputados, E.M.L., habría administrado un inmueble ubicado en el microcentro de Rosario que era utilizado como lugar de reunión, acopio y destino final del dinero transportado desde Junín.

El 9 de septiembre, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó 29 allanamientos en Santa Fe, Junín y Aguas Blancas, Salta. En los operativos fueron detenidas siete personas.

Durante los procedimientos se secuestraron US$38.700, cheques diferidos por $3 millones, cinco escopetas, 420 cartuchos de distintos calibres, seis autos, cuatro camionetas, 42 celulares y más de un kilo de marihuana, además de otros elementos incorporados a la causa.

Después de la audiencia, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dispuso seis meses de prisión preventiva para cinco de los acusados. Otros dos recuperaron la libertad debido a que, según la resolución, habrían tenido una participación menor.

La causa comenzó a partir del análisis de un celular que el Servicio Penitenciario Federal había secuestrado el 8 de mayo de 2024 a un hombre condenado por narcotráfico alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

En el dispositivo aparecieron conversaciones entre el detenido y E.T.M., señalada por los investigadores como una de las principales coordinadoras de la organización. En los mensajes hablaban sobre paquetes de estupefacientes y cuestiones vinculadas con la operatoria.

A partir de esas comunicaciones se ordenaron nuevas intervenciones y tareas de inteligencia. Según los fiscales, el preso y la mujer coordinaban el traslado, la entrega y la comercialización de droga, mientras la organización mantenía contactos en la frontera norte.

A E.T.M. le atribuyeron la organización de viajes periódicos al norte argentino y Bolivia para conseguir estupefacientes, la fijación de precios, la distribución mayorista y la recaudación.

Otra de las hermanas, N.I.M., habría viajado con frecuencia a Aguas Blancas, Salta, para colaborar con el ingreso de la droga y su traslado posterior hacia Rosario. Una tercera, L.P.M., también habría participado de viajes a Salta y Bolivia.