Una trabajadora municipal presentó una denuncia contra Roberto Lastra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT), en la que lo señala por presuntos episodios de acoso, maltrato laboral y abuso sexual.

Según la presentación realizada ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los hechos denunciados habrían ocurrido tanto en el ámbito laboral como en otros espacios vinculados con la actividad de la organización sindical.

La denunciante habría solicitado medidas de protección y relató una serie de situaciones que, de acuerdo con su testimonio, comenzaron con presuntos contactos físicos no consentidos y posteriormente habrían derivado en episodios de mayor gravedad.

Además, sostuvo que habría recibido advertencias relacionadas con su continuidad laboral luego de manifestar su rechazo a determinadas conductas.

Como parte de la denuncia se habría entregado material que incluye conversaciones de chat y registros audiovisuales, elementos que ahora deberán ser analizados por los investigadores para determinar su relevancia y eventual valor probatorio.

La mujer también manifestó que las situaciones denunciadas le habrían generado un importante impacto emocional y psicológico, por lo que habría atravesado un período de licencia médica con acompañamiento profesional.

En paralelo, se informó la activación de mecanismos de asistencia y protección destinados a la trabajadora, con intervención de organismos vinculados a la atención de situaciones de violencia de género.

Luego de que la denuncia tomara estado público, la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil emitió un comunicado en el que afirmó que se activaron los protocolos institucionales correspondientes y expresó su disposición para que los hechos sean esclarecidos.

Desde la organización sindical remarcaron su rechazo a cualquier forma de violencia en el ámbito laboral y señalaron que existe un protocolo de actuación acordado con el Municipio.

La causa se encuentra en etapa de investigación y serán las autoridades judiciales y administrativas competentes las encargadas de establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades. Por el momento, las acusaciones constituyen una denuncia y rige plenamente el principio de inocencia para la persona señalada.