La causa judicial por la muerte de un trabajador y la presunta contaminación con plomo en establecimientos dedicados a la fabricación de baterías derivó en la detención de Antonio Rivero, empresario vinculado a Champion International Batteries, cuya planta se encuentra en Florencio Varela.

El expediente también expone graves cuestionamientos sobre las condiciones laborales y abrió una disputa entre dos organizaciones sindicales.

De acuerdo con los datos difundidos sobre la investigación, la Justicia Federal de Tres de Febrero ordenó allanamientos en dos establecimientos que, según las actuaciones judiciales, funcionaban sin las habilitaciones correspondientes. Se trataría de una planta de armado de baterías y otra dedicada a la fundición de plomo, ambas vinculadas al empresario.

Uno de los aspectos más graves de la causa es la muerte de un trabajador que habría estado expuesto a elevados niveles de plomo. Según la información aportada, los análisis detectaron en su sangre una concentración de 122,8 microgramos, un dato que deberá interpretarse conforme a las unidades y los informes médicos incorporados al expediente.

Además, de un total de 23 trabajadores relevados, 14 habrían presentado presencia de plomo en sangre. La investigación apunta a determinar las condiciones en las que se desarrollaban las tareas y el alcance de la exposición de los empleados a esta sustancia tóxica.

También se denunciaron condiciones laborales deficientes, con trabajadores que presuntamente comían, descansaban y realizaban sus tareas dentro de los mismos establecimientos, permaneciendo expuestos a posibles fuentes de contaminación.

Los cuestionamientos no se limitaron a los establecimientos allanados. Según las denuncias mencionadas, durante 2025 trabajadores de la planta de Champion en Florencio Varela también habían advertido sobre presuntas irregularidades en las condiciones de trabajo y posibles casos de contaminación con plomo.

La dimensión de estas acusaciones plantea interrogantes sobre los controles de seguridad e higiene, las responsabilidades empresariales y la protección de la salud de quienes trabajan en la industria de las baterías.

El caso también derivó en un enfrentamiento entre dos organizaciones gremiales que sostienen representar los intereses de los trabajadores del sector.

Por un lado, la Asociación de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica de la Provincia de Buenos Aires (ATIQyP Bs. As.) impulsa denuncias contra las empresas Hardbat S.A. y Champion International Batteries S.A. por presuntas irregularidades en el funcionamiento de establecimientos y por la exposición de trabajadores al plomo.

Desde ese sindicato también se formularon acusaciones contra el Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas, Petroquímicas y Explosivas (STIQPyE), conducido por Fabián Oscar Hermoso, al que atribuyen presuntos vínculos con la situación denunciada. Estas imputaciones deben ser consideradas como acusaciones gremiales y no como hechos judicialmente acreditados por sí mismos.

En relación con Hermoso, la información aportada recuerda un episodio de 2018, cuando el fiscal Daniel Ichazo habría ordenado su detención en una causa que también involucró a otras personas. Según ese relato, el procedimiento se concretó en el country El Carmen, en Berazategui.

A su vez, se menciona que Ricardo Gallardo, identificado como presidente de la obra social vinculada al gremio encabezado por Hermoso, habría sido procesado durante 2026 en una investigación por un presunto fraude millonario.

Estos antecedentes requieren distinguir las distintas causas, sus respectivos estados procesales y las responsabilidades que eventualmente determine la Justicia.

La investigación por la muerte del trabajador y la presunta contaminación con plomo vuelve a poner en primer plano la importancia de los controles industriales, el cumplimiento de las normas de seguridad y la responsabilidad de garantizar condiciones laborales que no pongan en riesgo la vida de los empleados.