En el marco del juicio a Pity Álvarez, el abogado Fabián Améndola sostuvo que “no propinamos una condena ejemplificadora o de venganza”, antes de pedir 11 años y 2 meses de prisión para Cristian Gabriel “Pity” Álvarez (54) en el arranque de los alegatos del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz (36), asesinado de cuatro disparos en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

El representante de Verónica Román, la madre de la hija menor de la víctima, solicitó ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 porteño que el músico cumpla la sanción bajo arresto en su domicilio y que cuente con el beneficio de las salidas laborales.

El letrado, quien comparte la representación de la querella con Fernando Burlando, expresó en su alegato de cierre que quedó comprobado que no existió “ninguna agresión ni un arma en las manos de Díaz” y remarcó: “Fue una respuesta letal frente a un desafío que, como mucho, era mantener una pelea”.

Durante su exposición vía remota, el abogado querellante insistió: “No propinamos una condena ejemplificadora o venganza de la parte contra de quien arrebato la vida. Muy por el contrario, hemos sido muy pacientes y asistido a tener que aguardar este juicio a razón de la patología que sufre el autor de este hecho que le impidió estar en juicio hasta el último informe”.

Asimismo, valoró las declaraciones de varios testigos, entre ellos el amigo de Díaz que presenció el homicidio: “Estaba junto a la víctima, que describió los hechos con mucha espontaneidad y sin contradicciones, y porque su relato ha sido corroborado con prueba”.

En esa línea, remarcó que “el único que tenía arma y que la usó fue ‘Pity’”, advirtiendo además que los peritajes descartaron cualquier acción de legítima defensa por parte del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Respecto a los momentos posteriores al hecho, cuando el imputado acudió al boliche Pinar de Rocha y se encontró con su exsuegro, el letrado recordó: “Dijo ‘maté a un chabón’, no dijo ‘me defendí’ o casi me matan y me defendí como pude´’”.

De igual modo, aseveró que “es desproporcional dispararle a la cara a una persona” y recalcó que el imputado “tuvo la oportunidad de hacer cesar el hecho y continuó”.

Antes de formalizar la pena ante los magistrados Gustavo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro, descartó de plano cualquier exceso en la legítima defensa.

“El dolo fue directo. Con cuatro disparos a menos de 60 centímetros. La calificación a nuestro criterio homicidio simple agravado por el empleo de un arma de fuego. Como dije al principio, queremos que tenga la justicia reparadora, esto implica un examen consensuado para la determinación de la pena. El delito tiene una pena bastante elevada”, argumentó.

Como agravantes, señaló “la naturaleza de la acción empleada” y la edad de ocho años que tenía la hija de Díaz al momento del asesinato.

“No podemos evitar de hablar el trastorno de consumo por sustancias. Hemos sostenido su imputabilidad, quedó descartada una intoxicación aguda y la alteración de la realidad. Acá se trata de un daño crónico”, relató, al tiempo que ponderó “el arrepentimiento” manifestado por el acusado durante su última declaración.

“El pedido de disculpas sumado al compromiso de reparar el daño, entendemos que estas circunstancias pueden ser valoradas como una acción de conducta del autor”, indicó el letrado.

Tras más de una hora de exposición, solicitó formalmente los 11 años y 2 meses de prisión, requiriendo que, ante una condena, quede detenido en su casa con salidas laborales y médicas.

“Es necesario por su salud”, fundamentó sobre el pedido de arresto domiciliario.