En el mediodía de hoy miércoles, el juez Adrián Villagra ordenó la excarcelación de Marcelo “Teto” Medina, acusado de ser la cabeza de marketing y principal reclutador de la organización La Razón de Vivir, que se promocionaba como una comunidad terapéutica, acusada de someter adictos a la servidumbre en condiciones infrahumanas.

Medina fue liberado bajo caución juratoria. Se le impuso presentarse en el juzgado el primer martes hábil de cada mes a las 10 de la mañana, además de una restricción de acercamiento a las víctimas, así como a los lugares allanados, según la decisión judicial a la que accedió Infobae.

Si Medina lo incumple, volverá a una celda de la Policía Bonaerense.

Entre los otros excarcelados se encuentran Rosana Gómez, acusada de ser la administradora del dinero de la organización y Tatiana Lanza, oficial de la Bonaerense, acusada de hacerse pasar por funcionaria judicial para amedrentar a pacientes rebeldes con falsas causas. Néstor Zelaya, el máximo líder, quedó detenido.

El fiscal Daniel Ichazo había obtenido varias pruebas que comprometían a Medina, una figura prominente en el esquema. “Trabaja para mí”, dijo en un audio el máximo líder, Zelaya.

Su excarcelación ocurre tras una presentación de su abogado, Adrián Tenca. “Indican que no pesan respecto de Marcelo Medina peligros procesales que obsten a su libertad procesal, ya que desde el momento del comienzo de esta causa colaboró con todo el trámite tendiente a la averiguación del presente hecho. Sostiene la defensa que el imputado tiene domicilio fijo, y por su condición de “persona pública” trabaja en medios de comunicación y es sostén familia”, aseguró la defensa en su presentación, según reseñó Villagra en su fallo.

Entre otras cosas, Villagra valoró que Medina no tuviera antecedentes penales como una condena. El ex VideoMatch continuará bajo investigación luego de pasar menos de una semana detenido, imputado por los delitos de asociación ilícita, reducción a servidumbre, trabajos forzados y abandono de persona, todos en concurso real entre sí.

Mientras tanto, chazo investiga la pista de posibles testaferros en La Razón de Vivir. Como medida principal, pidió el levantamiento del secreto bancario de los acusados.

Las familias de los adictos podían pagar entre 30 mil y 60 mil pesos mensuales de cuota, de acuerdo a su poder adquisitivo. Se cree que hubo, al menos, 200 víctimas. La sospecha del fiscal Ichazo, tras una investigación de la División Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, es que el grupo incluso canalizaba el dinero en la supuesta compra de propiedades. La Razón de Vivir no tuvo ni siquiera un CUIT a su nombre. “Hay boletos de compra venta”, asegura a Infobae una fuente clave del expediente.

El grupo, según pruebas a las que accedió este medio, incluso planeaba comprar un geriátrico.