La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) y la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal (CATR) advirtieron sobre la crítica situación que atraviesa el sistema de atención de pacientes renales crónicos en la provincia de Buenos Aires, debido a una deuda millonaria que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos.

Según datos actualizados del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), 4.342 pacientes dependen actualmente del sistema provincial para acceder a su terapia de diálisis, una cifra que representa el 44% del total bajo tratamiento.

Según informan desde ARD y CATR, el Ministerio de Salud de la Provincia tiene actualmente una deuda superior a los $18.000 millones con los prestadores de servicios de diálisis. Esta deuda incluye también prestaciones propias y aquellas realizadas bajo el Programa Incluir Salud.

De esta manera, casi 200 centros se encuentran afectados, muchos de los cuales ya no pueden seguir absorbiendo pacientes ni garantizando traslados, lo que agrava aún más la situación.

Sistema colapsado

El doctor Alfredo Casaliba, presidente de la ARD, informó que “El sistema está colapsando. No solo no hay pago, sino que los valores que se nos abonan están desactualizados desde hace un año". 

Agregó además que “Nuestros asociados siguen sosteniendo con enormes esfuerzos las prestaciones, pero la situación ya no es viable. Estamos en el límite”.

El valor de las prestaciones se pactaba con IOMA, al menos hasta julio del 2024, y luego se trasladaba al Ministerio. Desde ese entonces, la autoridad sanitaria provincial se niega a actualizar los precios, desconociendo incluso los acuerdos previos.

“El Ministerio no solo no responde, directamente dejó de contestar nuestros mensajes", señalo Casaliba, para  finalizar  diciendo que "los costos se duplicaron, pero el valor del módulo sigue congelado desde hace más de un año”.

Los insumos importados, los costos de mantenimiento, los salarios del personal y la infraestructura necesaria para garantizar una terapia de calidad hacen inviable continuar prestando servicios bajo estas condiciones, indicó.