La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la vigencia de las resoluciones 1346/2024 y 429/2025 del Ministerio de Seguridad, que establecen la obligatoriedad para los internos,  de realizar tareas de limpieza y mantenimiento en los establecimientos penitenciarios sin recibir remuneración económica.

Según las normas, todos los detenidos deberán participar en labores de limpieza hasta un máximo de cinco horas diarias, sin pago alguno. 

Solo un 5% de la población penitenciaria podrá acceder a trabajos remunerados como única ocupación, con jornadas de al menos ocho horas, aunque sin que se contemple el salario mínimo.

La Defensoría General de la Nación había presentado recursos alegando violaciones al derecho al trabajo y a una remuneración justa, pero la Cámara de Casación rechazó los planteos y ratificó la legalidad de las medidas.

El juez Gustavo Hornos votó en disidencia parcial, señalando que la resolución podría afectar el principio constitucional del artículo 14 bis, que garantiza el derecho al trabajo y una retribución equitativa.