El jury contra la jueza Julieta Makintach, suspendida por haber intentado grabar una serie documental en las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona, comenzó este jueves en un proceso de alto impacto y que podría determinar su destitución en el cargo.

Con la presencia de la acusada, que no ingresó por la puerta principal al anexo del Senado donde se realiza la primera audiencia, la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, a cargo de la acusación pública adelantó que pedirá la destitución.

“Esta acusación pretende demostrar que la magistrada, en su calidad de jueza, decidió personalmente participar en un video, en un proyecto audiovisual sobre el juicio en el que juzgaba la responsabilidad de hombres y mujeres vinculados presuntamente a la muerte de Diego Maradona, con el fin de explotarlo comercialmente”, sostuvo.

Antes de anunciar que pedirá la destitución de la magistrada, sostuvo que la jueza Makintach afectó la imagen de todo el Poder Judicial. “Nos avergonzó ante todo el mundo”, afirmó. Y agregó: “Todos estos hechos serán demostrados fehacientemente. Entendemos que ha perdido las condiciones que la Constitución exige para el ejercicio de tan alta investidura, correspondiendo su destitución”.

El juicio político se lleva a cabo en La Plata y está a cargo de cinco miembros de la Legislatura provincial (de diversas fuerzas políticas) y cinco abogados conjueces. Este jurado definirá si Makintach continuará o no siendo jueza, un cargo del que se encuentra actualmente suspendida por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SCBA), a raíz de lo sucedido durante el debate por la muerte del exfutbolista.

El jury, que se estima se extenderá por cuatro o cinco jornadas, será dirigido por la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte, y contará con la acusación de la fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, en representación de la Procuración bonaerense.

La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ya había dispuesto semanas atrás el apartamiento preventivo de Makintach. Su abogado, Darío Saldaño, presentó entonces un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, ya que regía la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza esperaba que el gobernador Axel Kicillof le acepte la renuncia.

En paralelo al jury, avanza la causa penal a cargo de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, con los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. (DIB)