Tres ex funcionarios de la policía de la provincia de Santa Fe involucrados en una causa por desvío de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros.

Se trata de Daniel Acosta, quien estuvo al mando de la Policía rosarina hasta mayo; Diego Santamaría, ex titular del Comando Radioeléctrico; y Héctor Saucedo, ex jefe de la Motorizada. 

Además hubo otras seis personas detenidas en 13 allanamientos. Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía Regional 2 y ejecutados por la Unidad de Asuntos Internos

La investigación por el millonario desvío de fondos destinados a la carga de combustible en patrulleros de la Policía de Rosario derivó en una serie de allanamientos y detenciones. 

Los arrestos alcanzaron a Daniel Acosta, quien estuvo al mando de la Unidad Regional II hasta mayo pasado, cuando fue separado del cargo tras el estallido del escándalo; Diego Santamaría, ex jefe del Comando Radioeléctrico; y Héctor Saucedo, ex titular de la Policía Motorizada.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, en total hubo 13 procedimientos realizados por personal de la unidad especial de Asuntos Internos en distintos domicilios particulares de la ciudad.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas nueve personas sindicadas con diversos roles dentro de la estructura investigada. En los allanamientos también se secuestró material de interés para la causa. Los nueve acusados serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días.

Daniel Acosta fue jefe de la URII en 2020, luego fue trasladado a la URVIII en el Departamento General López y nuevamente en mayo de 2023 asumió la jefatura de la URII. 

Por su parte ministro de Seguridad de Santa Fe Pablo Cococcioni confirmó que finalizó la intervención de la Unidad Regional II y adelantó que en los próximos días se conocerá el nombre del nuevo jefe. “Está definido, pero todavía no se hizo ni siquiera el trámite previo a una resolución porque entendíamos que el más mínimo movimiento podía ser detectado y ponerlos en alerta”, señaló.

La investigación por desvío de fondos se conoció públicamente en mayo, con 38 allanamientos simultáneos en Rosario y la región. 

Según estimaron en ese momento, la maniobra de malversación de caudales públicos rondaba los 45 millones de pesos mensuales.

La investigación detectó sobrefacturación en la carga de combustible mediante el uso irregular de las tarjetas Visa Flota, destinadas a los móviles policiales, y connivencia con una estación de servicio ubicada en Ovidio Lagos al 3900, donde se concentraban las operaciones.

En aquel momento, fueron detenidos 16 policías y 4 civiles, y el Gobierno provincial decidió intervenir la Unidad Regional II por 90 días, desplazando a su cúpula y designando como interventor al comisario general Claudio Romano.

Aunque Acosta no había sido imputado entonces, fue apartado del cargo por decisión del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, “por responsabilidad funcional”. Su segundo, Mariano Gobi, permaneció en funciones.

Pruebas y avance judicial

Desde entonces, el fiscal Caterina avanzó con análisis de planillas, escuchas telefónicas, peritajes contables y registros de GPS en patrulleros, además de testimonios de policías y personal civil involucrado. Entre los elementos secuestrados figuraban unas 300 tarjetas de carga de combustible y un posnet perteneciente a la estación de servicio investigada, hallado en la casa de un agente.

En julio, la causa tuvo su primera definición judicial relevante, cuando se confirmó la prisión preventiva efectiva de tres policías —Gerardo Ramírez, Rodrigo Domínguez y Juan Villordo—, todos ligados al manejo logístico y financiero de la carga de combustible.

Ahora, con las nuevas detenciones, el foco se desplaza hacia la cadena de mando, un aspecto clave que el propio fiscal había anticipado que seguiría investigando.