Un grupo de vecinos y empresarios de la localidad de Cariló, en el partido de Pinamar, se encuentra próximo a presentar un  polémico proyecto que propone implementar un sistema estricto de control de accesos y patrullaje permanente en la zona.

La iniciativa incluye, como punto central, el alambrado completo del perímetro de la localidad, especialmente en la frontera sur, que limita con el distrito de Villa Gesell.

La propuesta fue elaborada en conjunto por empresarios locales, empresas de seguridad privada y residentes de Cariló, con el objetivo principal de “brindar mayor seguridad” tanto a vecinos como a turistas que visitan el balneario.

La presentación formal del proyecto ante las autoridades municipales está prevista para los próximos días, donde se analizará su viabilidad legal, operativa y administrativa.

Entre las medidas más relevantes que contempla el denominado programa complementario de seguridad local, se destacan:

El alambrado del frente completo sobre la Ruta Interbalnearia N° 11 y de toda la frontera con Villa Gesell.

La implementación de escáner de documentos de identidad en todos los accesos tradicionales a Cariló, un sistema similar al que ya se utiliza en barrios privados de Pinamar y Costa Esmeralda.

Patrullaje privado las 24 horas, con móviles de seguridad y vehículos 4x4 que recorrerían de forma permanente el área.

La reducción de los accesos habilitados a solo cuatro entradas: una en el límite propio de Cariló, otra en el ingreso desde Ostende, una tercera en el límite con Valeria del Mar y el acceso principal por la calle Bunge.

La problemática entre Cariló y Villa Gesell no es nueva y suele intensificarse durante la temporada de verano, cuando desde sectores de Pinamar se atribuyen a la ciudad vecina parte de los hechos de inseguridad ocurridos en la zona.

No es la primera vez que se impulsa una iniciativa de estas características. En el año 2000, el entonces responsable de seguridad local, Armando Toniolli, había propuesto cercar Cariló con alambre olímpico y tres hilos de púas para frenar el accionar delictivo. Aquella idea generó un fuerte rechazo y el entonces intendente Blas Altieri la calificó como un proyecto “más adecuado para un country que para un municipio”.