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Locales  Domingo 24 de enero de 2021 - 12:45 hs.                1184
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En Junín solo el HIGA trabaja en la implementación de la Ley del aborto
En el hospital ya hay un equipo formado por trabajadoras sociales, psicólogas y ginecólogas que está abordando esta temática. Por la alta demanda, la atención en ese servicio pasó de uno a tres días por semana. Mientras tanto, las clínicas todavía no establecieron directivas concretas. Solo se sabe que registrarán a los profesionales que tengan objeción de conciencia. Provincia mandó una guía de implementación.

Hoy entra en vigencia oficialmente la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).


En efecto, la norma -que fue aprobada por el Congreso el 30 de diciembre- fue promulgada por el presidente Alberto Fernández el jueves 16 de enero, por lo que debe entrar en vigor “ocho días después de publicada en el Boletín Oficial”, plazo que se cumple hoy.


Llegado este punto, el Sistema Sanitario de Junín todavía está trabajando y debatiendo sobre la puesta en marcha de este derecho, con dos posiciones bastante diferenciadas: así como en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” (HIGA) hay un grupo interdisciplinario que viene abordando la temática la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) y analizando cómo va a ser la implementación de la IVE, las instituciones privadas todavía no tienen lineamientos concretos en torno a cómo se ejecutará esta práctica cuando lleguen casos a las clínicas locales.


Mientras tanto, el ministerio de Salud bonaerense ya envió a los hospitales una “Guía de Implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Provincia de Buenos Aires”, a la que tuvo acceso Democracia y en la que se establece cómo debe hacerse “la atención de las personas con derecho a la interrupción del embarazo y en situación de postaborto”.

El trabajo del HIGA
Más allá de la polémica que genera el tema y la sensibilidad que esto despierta en una parte de la población, el doctor Sebastián Meneses, director del HIGA, afirma enfáticamente que el hospital garantizará el cumplimiento de la ley. “Esas son las directivas que recibimos del ministerio de Salud de la Provincia -comenta-. Más allá de esta suerte de grieta que se generó en torno a este tema, tenemos que recordar que en Argentina se producen alrededor de 500 mil abortos clandestinos por año, con las consecuencias que eso conlleva para la salud de las mujeres, entonces, como Estado, tenemos que garantizar el acceso a esta práctica en condiciones óptimas para que se pueda llevar a cabo y que no se haga de manera clandestina con los riesgos que eso implica”.


En el hospital se encuentra trabajando desde hace un tiempo el Equipo ILE, un espacio interdisciplinario conformado por trabajadoras sociales, psicólogas y ginecólogas. “Estamos funcionando desde noviembre con consultorio y lo que se hace es tomar la demanda y hacer entrevistas a las personas que vienen a solicitar una interrupción legal del embarazo, que es lo que sigue vigente hasta esta semana, la próxima ya entraría en vigencia la interrupción voluntaria, que es sobre la que todavía el equipo está acordando cómo va a ser la forma de trabajo, porque recién esta semana salió la guía de implementación, que es la que nos va a decir cómo continuar”, explica la trabajadora social Mariana Zarza, miembro de esta dependencia.


Su colega Maica Bergamini, del mismo equipo, remarca que el trabajo que allí realizan “es un acompañamiento a la persona gestante en cualquier decisión que tome, esto significa que pueden acceder al tratamiento de interrupción pero también se apoya y asiste a las mujeres que deciden continuar con el embarazo. Eso es muy importante como para poder desmitificar algunas cosas que se suelen decir”.


El equipo ILE del hospital ya recibió la guía orientativa del Ministerio provincial en la que se detallan los pasos para seguir por parte de las instituciones de salud ante estos casos.



El tema genera tanto interés que el Equipo ILE del hospital comenzó con atención de una vez por semana en consultorio, pero después hubo que abrirlo dos días y luego tres: lunes, miércoles y jueves.


“La demanda es bastante y sigue creciendo porque la información está llegando a cada vez más gente”, señala Zarza. Es que aquí no solamente acuden mujeres embarazadas de Junín, sino también de las ciudades vecinas que componen la Región Sanitaria III.


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El sector privado
Dentro del sector privado de Junín todavía no hay lineamientos concretos sobre cómo se va a abordar este tema. “La Dirección Médica con la Unidad Materno Infantil está analizando la implementación que propone el ministerio de Salud para abordarlo de manera correcta, sabemos que no es una práctica más y vamos a buscar la excelencia para abarcar todos los aspectos que amerita dicha práctica”, contestaron oficialmente las autoridades de la Clínica Centro.


La respuesta desde el Sanatorio Junín fue parecida: “Lo tenemos en agenda, pero todavía no se definió un protocolo de acción. Es un momento complejo, en medio de una pandemia y, además, con algunos profesionales que están de licencia. No obstante, nos vamos a poner a trabajar en ese tema para ver cómo lo implementamos”.


En tanto, desde la Dirección de IMEC informaron: “Por ahora, lo único que se estableció en la clínica es que cada ginecólogo y ginecóloga que se desempeña en la institución debe presentar una notificación ante el directorio en la que manifieste si es objetor de conciencia o no. De esta manera se sabrá quiénes van a ejercer las interrupciones voluntarias del embarazo y quiénes no”.
Concentrados en la pandemia, desde La Pequeña Familia se excusaron de opinar sobre el tema.


En off, algunos profesionales de los centros privados admiten que aún no hay directivas sobre el tema. “Está muy ‘verde’, nadie sabe nada, hay alguna indicación de la Provincia que queremos ver con detenimiento para poder aplicarla con la mayor prolijidad posible, pero esta es una práctica muy sensible porque hay un gran debate en torno a esto y hay una división de opiniones”, indica un médico.


“Por lo que se ve, no nos va a resultar nada fácil. Es un tema muy álgido, muy controvertido, muy sensible, de una ley que no está reglamentada todavía”, señala un directivo, para luego ampliar: “Puertas adentro uno habla con colegas y coincide en que los diputados y senadores son los que aprobaron la ley pero un médico no es un empleado estatal como un juez o un fiscal, entonces no es fácil tomar una decisión como esa. Y no solo incumbe a los ginecólogos, porque en algunos procesos se necesita de un anestesiólogo y otros profesionales”.


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Objeción de conciencia
El punto central de discusión de esta ley parece ser el de la objeción de conciencia, que se da cuando un profesional prefiere abstenerse de realizar esta práctica basado en sus creencias morales o religiosas.


En tal sentido, la guía elaborada por la Provincia destaca que la objeción de conciencia está limitada a profesionales de la salud que intervienen de forma directa en el procedimiento de interrupción del embarazo y que no es factible que otro personal de salud (trabajadoras sociales, psicólogos, enfermeros, personal administrativo) apele a esta excepción.


“A partir de la publicación de la guía y del nuevo protocolo, la objeción de conciencia debería quedar registrada -explica Zarza-, no obstante, aun cuando el que atienda a la persona gestante sea un objetor, debe derivar o asegurarse de que la práctica alguien la va a realizar. Y si llega alguien con una situación de aborto en curso o que su vida corre riesgo, debería atenderla igual, por más que sea objetor de conciencia”.


“El acceso al asesoramiento también tiene que estar garantizado”, agrega Bergamini. Y puntualiza: “Creo que mucho del posicionamiento de la objeción de conciencia tiene que ver con la falta de información. Lo que hace el Equipo ILE ante determinadas situaciones de conflicto o de malos entendidos es acercarse a hablar con los distintos servicios, conversar sobre la ley, explicar de qué se trata y analizar la complejidad de las situaciones que abordan las mujeres”.


Un reconocido profesional local recuerda que “hay lugares en Buenos Aires en los que servicios enteros se han manifestado en contra de esta ley”, lo que sería una suerte de objeción de conciencia institucional, algo que la norma no contempla.


Otro colega afirma que el tema necesita un período de maduración. “Y también está la cuestión generacional -añade-, uno se encuentra con profesionales que tienen décadas de trayectoria y que empezaron en esto en la época cuando, si aparecía una paciente que se había hecho un aborto, debía hacer una denuncia al fiscal de turno. Es probable que a esa gente le resulte muy difícil asimilar esta situación”.


No obstante, el mismo médico considera que no será un problema para las clínicas conseguir personal dispuesto a llevar a cabo las intervenciones: “No me parece que vaya a generar inconvenientes eso, sobre todo porque no es un procedimiento que se vaya a dar todos los días, no es algo tan frecuente. Por ahí en lugares más chicos sí es más difícil, pero en Junín hay muchos profesionales, así que no creo que no haya quien vaya a practicarlo”.




Fuente: Democracia



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