El Poder Ejecutivo bonaerense envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que modifica el régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia y restituye el 82% móvil para sus beneficiarios que había sido modificado durante la gestión de María Eugenia Vidal.

El Gobierno de Axel Kicillof inició negociaciones convocadas por la Suprema Corte de Justicia con diferentes actores con el objetivo de avanzar en una especie de vía intermedia que devuelva a los jubilados de la entidad algunos beneficios que perdieron, aunque sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

La iniciativa, deroga la Ley 15.008 votada durante el gobierno de Vidal, provocó en ese momento un extenso conflicto con el gremio bancario y diferentes presentaciones judiciales por la modificación en el porcentaje de la jubilación. Es que la reforma estableció una suba escalonada y gradual de la edad jubilatoria -pasó de 60 a 65 años- y una fórmula de cálculo menos favorable a los pasivos.

El proyecto establece que “el haber mensual inicial de las prestaciones será el equivalente al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante el período de ciento veinte meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio”. Si bien mantiene la edad de jubilación a los 65 años, baja a 60 la de las mujeres, ya que en la reforma impulsada por Vidal se había equiparado a la de los hombres.

ABEL BUENO: "EL PROYECTO FORTALECE

El secretario general de la Asociación Bancaria seccional Junín, Abel Bueno, señaló que "estamos conformes. La Asociación Bancaria ni bien se puso en vigencia la ley 15.008, presentó ante la Corte Suprema un recurso por la inconstitucionalidad de la legislación y los jubilados, en forma individual, fueron presentando recursos y amparos ante las diferentes instancias judiciales, más de 2.600, que fueron aprobadas en primera y segunda instancia porque conculcaban derechos adquiridos".

El dirigente sindical dijo que "esto hizo también que la Corte Suprema instara al Banco, al gobierno provincial y a la Asociación Bancaria a redactar alguna norma para suplir este "desaguisado". Se trabajó y se llegó finalmente a una nueva reglamentación presentada por el gobernador Axel Kicillof y ahora se espera lograr a obtener los derechos adquiridos por los jubilados, pero pone a esta norma en condiciones de no comprometer al banco como lo hacía la ley 15.008. Los empleados harán un aporte mayor de dos puntos más a la caja, los jubilados que aportarán el 12 por ciento total, el Banco un 5% y la Provincia garantizará lo que pueda arrojar de déficit la Caja, dejando de generar una sangría al Banco porque además se corría peligro de no cumplir requisitos del banco Central, poniendo al Provincia casi en liquidación".

Destacó Abel Bueno que la futura ley, ya en análisis en la Legislatura, "satisfacerá no solamente a los jubilados y a los empleados, sino también al Banco y a la Provincia".

Además consideró Abel Bueno que la futura ley "fortalece al sistema y al Banco ya que este debía hacerse cargo del déficit de la Caja. Había problemas con disposiciones del Banco Central porque de no haber encaje se ponía en situación delicada al Banco. Entre todos vamos a hacer las contribuciones de ideas necesarias para que podamos tener una ley acorde con los aportes que se hicieron toda la vida".

El dirigente sindical manifestó que "en los considerandos de la futura ley hay un artículo que es muy importante que establece que cualquier intento de modificación de esta legislación, debe contar con la participación del Banco Provincia y la Asociación Bancaria. Esto asegura tener injerencia en cualquier dictamen o resolución que se pudiera adoptar", señaló.

EL TRATAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA LEGISLATURA

El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura un proyecto de ley para implementar una nueva reforma de la caja de jubilaciones del Banco Provincia, que desanda algunos de los cambios implementados durante la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal en 2017.

El proyecto aunque no para volver al esquema previo a la reforma de Vidal, sí busca avanzar en una especie de vía intermedia que devuelva a los jubilados del Banco algunos beneficios que perdieron, aunque sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

La reforma estableció una suba escalonada y gradual de la edad jubilatoria -pasó de 60 a 65 años- y una fórmula de cálculo menos favorable a los pasivos. Fue un recorte profundo, que se aprobó en medio de un escándalo que incluyó la quema de un acceso al palacio legislativo y la irrupción en el recinto de sesiones de Diputados de manifestantes comandados por el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien enfrenta una causa que está por ser elevada a juicio por el episodio. Otros sectores del peronismo, hoy en el Frente de Todos, lo apoyaron.

Vidal promulgó rápidamente los cambios, pero el esquema fue judicializado casi de inmediato también y viene sufriendo reveses en tribunales de primera y segunda instancia de varios distritos de la provincia, que disponen que los jubilados que los impulsan cobren de acuerdo con la fórmula previa, lo que genera un costo adicional para el Estado bonaerense, que además debe correr con las costas. Pero el dato decisivo, en este plano, es una demanda por inconstitucionalidad que está en la Corte Suprema, y que fue planteada por un colectivo de actores. Un fallo adverso podría tener efectos más generales y es por lo tanto un riesgo latente alto para la administración Kicillof.

En el Gobierno lo consideran un asunto económico de magnitud: el peso de la caja jubilatoria del banco es grande. De hecho, comparten parte del diagnóstico que llevó a Vidal a ajustar su funcionamiento para poner coto a un déficit que, cuando se hizo aquella reforma, era de unos $ 6.000 millones. “La caja tiene que ser sustentable”, dicen.

La diferencia es que para lograr esa solución plantean una menos cruenta para los trabajadores y que no genere un problema económico judicial. Una especie de vía intermedia entre lo que existía antes de Vidal y lo que existe ahora. Hay un dato clave: la buena relación de Kicillof con el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. El gobernador conversó el tema con él el 23 de junio pasado, cuando participó del 48 congreso de ese gremio. Durante la elaboración de la iniciativa, los técnicos al comando del Federico Thea, el secretario general de la gobernación, trabajaron en sintonía con el gremio y Palazzo le habría dado el visto bueno.

En la Legislatura, el proyecto será un expediente caliente. La prueba ácida será para el oficialismo, lo que ocurra en Senadores, la cámara con mayoría de Juntos por el Cambio donde a Kicillof toda negociación le cuesta el triple. En el oficialismo confían que un dato judicial los ayude: El procurador de la Corte, Julio Conte Grand, emitió un dictamen sobre la causa que está en la Corte en el que se pronuncia a favor de la inconstitucionalidad de la ley jubilatoria vigente, la 15008. 

Con el fin de mantener el financiamiento de la caja, sube de 14 a 16% el aporte del personal y del 16 al 21 el que debe realizar el Banco. En el mensaje elevado a la Legislatura, el Ejecutivo provincial consignó que el proyecto fue consensuado con la Asociación Bancaria.

En el Gobierno lo consideran un asunto económico de magnitud: el peso de la caja jubilatoria del banco es grande. De hecho, comparten parte del diagnóstico que llevó a Vidal a ajustar su funcionamiento para poner coto a un déficit que, cuando se hizo aquella reforma, era de unos $ 6.000 millones.

La situación previa de la Caja, explicaron desde la administración Kicillof, regida hasta entonces por la Ley 13.364 presentaba importantes aspectos de insostenibilidad financiera. Al día de hoy, esta situación persiste, ya que la Caja Bapro registró en 2020 un déficit de $9.570 millones. Asimismo, representa el déficit previsional per cápita más alto del Sistema Provincial, más que cuadruplicando el promedio.