En una decisión que marca un hito en el enfrentamiento entre los intendentes bonaerenses y la gestión de Javier Milei, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, obtuvo un fallo judicial que obliga al Gobierno nacional a reanudar una obra estratégica para su distrito: la planta depuradora de líquidos cloacales. El proyecto, financiado originalmente por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), había sido paralizado por el recorte de partidas dispuesto por el Ejecutivo, afectando a más de 20.000 vecinos.

El juez federal de Junín, Héctor Pedro Plou, resolvió que el Estado nacional incumplió con su responsabilidad constitucional al frenar una obra pública con financiamiento aprobado y contrato vigente. La medida judicial no solo repone la continuidad de los trabajos en Casares, sino que abre la puerta a una catarata de reclamos judiciales por parte de otros municipios cuyas obras también fueron suspendidas. La política del “no hay plata” acaba de recibir su primer revés formal en los tribunales.