A menos de dos meses de las elecciones del 7 de septiembre, la polémica por las candidaturas testimoniales sumó un nuevo capítulo: la abogada Silvina Martínez presentó ante la Junta Electoral bonaerense un pedido formal para impugnar a varios dirigentes que, según denunció, no asumirían sus bancas en caso de ser electos.

La presentación fue realizada “en los términos del artículo 22 de la Ley Electoral de la provincia de Buenos Aires (Ley 5109)”, argumentando que estas candidaturas violan el principio de buena fe electoral y afectan “el derecho ciudadano a emitir un voto informado y genuino”.

Martínez sostuvo que este tipo de postulaciones “engañan al elector”, al tratarse de ofertas ficticias que no se concretarán. En ese sentido, apuntó contra intendentes que, aunque figuran como candidatos a diputados, senadores o concejales, no tendrían intenciones reales de asumir.

En el listado que acompaña el pedido figuran varios dirigentes, entre ellos Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza) y Mario Ishii (José C. Paz).

A su vez, Martínez diferenció a otros jefes comunales como Mayra Mendoza (Quilmes), Julio Zamora (Tigre), Guillermo Montenegro (Gral. Pueyrredón), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Pablo Petrecca (Junín), quienes declararon públicamente que sí asumirán sus cargos en caso de ser electos, lo que –según su presentación– “refuerza las sospechas sobre el resto”.

Las candidaturas testimoniales han sido históricamente utilizadas por distintos espacios políticos como una estrategia para “arrastrar votos”, aunque ahora podrían enfrentarse a una instancia judicial inédita.