El silencio del Río Manso, interrumpido solo por el golpe de las remadas y las ráfagas de viento, fue testigo de la tragedia que terminó con la vida de Mónica Trejo, una turista de 60 años que buscaba aventura en las aguas de la Patagonia. Ese silencio ahora es roto por el frío lenguaje legal: la Fiscalía de El Bolsón imputó por homicidio culposo al dueño de la empresa de excursiones y al guía que manejaba la balsa. La acusación pinta un cuadro de negligencia, desobediencia y riesgo evitable.

Todo ocurrió el 19 de noviembre del año pasado. Mónica, junto a dos amigas, contrató un paseo que prometía emoción y paisajes imponentes. Lo que no sabían era que subían a una embarcación de una empresa que, según la fiscalía, no tenía permitido operar. El titular de la compañía había ignorado por completo una orden de la Administración de Parques Nacionales que, desde abril de 2024, le prohibía realizar cualquier excursión. Aun así, siguió publicitando y vendiendo sus servicios como si nada.

El viaje transcurrió hasta el tramo final, en el sector conocido como Familia Lanfré. En un recodo del río, un sauce se convirtió en el punto fatal. Según la investigación, el conductor de la balsa no ejecutó la maniobra necesaria para esquivarlo. Tampoco, alegan, dio indicaciones claras a los pasajeros. El impacto fue violento. La balsa volcó y todos cayeron a las aguas heladas.

Mientras las dos amigas de Mónica lograron ser auxiliadas sin mayores problemas, la corriente arrastró a la mujer por casi 400 metros. Un kayakista de rescate logró alcanzarla y, ya en la costa, comenzaron desesperadamente las maniobras de RCP. Llegó la ambulancia, pero ya era tarde. Mónica Trejo había sufrido una muerte súbita cardíaca con colapso del sistema circulatorio, desencadenada por el shock del accidente y la inmersión en el agua helada.

La fiscalía construyó su caso sobre una pila de evidencias: actas, croquis, fotos, videos, pericias y los testimonios de los otros pasajeros. El argumento central es que ambos imputados crearon un “riesgo jurídicamente desaprobado”. El empresario, por operar sabiendo que estaba inhabilitado, y el guía, por su impericia al mando de la balsa.

En la audiencia, las defensas esbozaron su estrategia. El empresario negó tener las habilitaciones vencidas, aunque admitió “demoras” en los trámites. El guía, por su parte, optó por el silencio y no se opuso a la formulación de cargos. El juez dio por hecha la imputación y ordenó la apertura de una investigación penal preparatoria que se extenderá por cuatro meses.

La muerte de Mónica Trejo no es solo un accidente. Es la crónica de una muerte anunciada por la desidia, un negocio que funcionó al margen de la ley y un día de aventura que terminó en la más absoluta tragedia. El Río Manso sigue fluyendo, pero ahora carga con el peso de una pregunta inevitable: ¿cuántas empresas más operan en la impunidad, esperando que el próximo accidente no sea fatal?