La estrategia del dictador nicaragüense, Daniel Ortega, deja a las familias en la incertidumbre y vulnera el derecho internacional. 

En los últimos dos años, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la detención de ciudadanos sin informar a sus allegados ni reconocer oficialmente su arresto. Al menos dos de los desaparecidos han sido devueltos a sus familias sin vida, lo que ha incrementado el temor y la angustia entre quienes buscan a sus seres queridos. Esta práctica, considerada ilegal a nivel internacional, revive los peores recuerdos de las dictaduras latinoamericanas y pone en evidencia la fragilidad de los derechos humanos en el país centroamericano.

Tal como consigna The New York Times en un artículo publicado este domingo, la nueva táctica del régimen sandinista consiste en arrestar a opositores sin dejar rastro en los registros judiciales ni brindar información sobre su paradero. Organizaciones de derechos humanos han documentado cerca de tres docenas de casos en los que las autoridades nicaragüenses han negado cualquier información sobre los detenidos. De los 73 prisioneros políticos reconocidos oficialmente, casi la mitad no figura en ninguna base de datos pública de los tribunales, y sus familias desconocen los cargos que se les imputan. Los familiares recorren sin éxito cárceles y comisarías, enfrentando largas esperas y respuestas evasivas. Entre los desaparecidos se encuentran líderes comunitarios, docentes, periodistas, pastores y miembros de pueblos indígenas. En al menos cinco familias, varias personas han sido arrestadas simultáneamente, y muchos de los detenidos son adultos mayores o padecen enfermedades crónicas.