La grieta no solo es política. También atraviesa el alambrado de los clubes de fútbol, donde la pasión degenera en pura violencia y el diálogo es reemplazado por las bombas de estruendo y las piedras. El Ministerio de Seguridad acaba de dictar su veredicto administrativo: Ramiro Leonardo García, Maximiliano Gabriel Ortiz y Rubén Darío Balcaza, tres hinchas del Club Atlético Colón, no podrán pisar un estadio en todo el país por los próximos dos años.

La sanción, publicada este jueves en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1178/2025, es la consecuencia directa de un episodio que traspasó toda línea roja. El 15 de septiembre, el complejo “4 de Junio”, donde el plantel profesional de Colón intentaba entrenar, fue sitiado por una turba de aproximadamente cien personas. No fue una protesta pacífica. Fue un asedio.

El relato oficial, construido sobre las actas policiales, describe una escena de caos: banderas colocadas como barricadas en el portón de ingreso, exigencias a los gritos y, luego, el salto cualitativo hacia el vandalismo. El aire se llenó de bombas de estruendo, piedras y envases vacíos de cerveza lanzados con rabia hacia el interior del predio. El intento de derribar el portón fue la declaración de guerra final.

La División Infantería de la Policía de Santa Fe se interpuso, pero la furia era imparable. Los objetos no cesaron de volar, ahora dirigidos contra los efectivos y sus móviles, que quedaron marcados con abolladuras y vidrios rotos. En medio de este infierno, la tragedia sportiva encontró su víctima concreta: Kevin Colli, un futbolista de la Reserva que entrenaba con el primer equipo, cayó al suelo tras recibir un impacto de piedra en la cabeza. La línea que separa la protesta del intento de homicidio se había borrado por completo.

Fue en ese contexto de humo y gritos que la policía identificó y detuvo a García, Ortiz y Balcaza, señalados como presuntos autores de los delitos de daño calificado y resistencia a la autoridad. Sobre esa base, la Coordinación de Seguridad en Eventos Masivos pidió la restricción de concurrencia, una herramienta administrativa que el Gobierno nacional ahora blande con determinación.

Pero esta no es una historia aislada. Es la punta de un iceberg de bronca. El mismo jueves, la cartera de Patricia Bullrich aplicó una sanción idéntica a dos hinchas de Independiente, Facundo Marchesi y Florencia Paula Arrieta, por agredir verbalmente a dirigentes y personal de seguridad tras el partido con Banfield, el 13 de septiembre en el estadio de Avellaneda. El mensaje es claro: la tolerancia cero se aplica a todo el territorio.

La medida gubernamental busca "neutralizar e impedir la presencia" de quienes alteran la paz de los espectáculos. Sin embargo, la pregunta persiste, flotando sobre el césped quemado por las bengalas: ¿Bastará una prohibición administrativa de dos años para sanar un mal que es visceral? La pedrada que derribó a Kevin Colli no fue solo contra un jugador; fue un golpe directo a la esencia misma del deporte. Y esa herida, quizás, es mucho más profunda de lo que cualquier resolución oficial pueda alcanzar