García Gómez, de 46 años, divorciado y padre de dos hijas, es licenciado en administración de empresas, ex empleado estatal con habiendo percibido sueldos del Ministerio de Economía y del Correo Argentino, entre otros organismos

En 2019 había sido denunciado por su ex mujer y terminó con una causa a cargo del Juzgado N°14, que ordenó que le colocaran una tobillera de monitoreo hasta el 21 de abril del 2021. Llamativamente, no hubo condenas y fue beneficiado con sobreseimientos.

En 2022 fue demandado ante el Juzgado Civil 103 por el cobro de $ 1.3 millones (dólar a $ 100). En esa causa, tres años después, el demandante le solicitó al juzgado que dicte sentencia “de una vez por todas”.

Según el denunciante, García Gómez  había alquilado un departamento amueblado en la zona de Colegialesque terminó siendo un caos

Según consta en  la denuncia original, “el inmueble se alquiló” en 2019, totalmente amueblado y equipado con destino exclusivo de vivienda para el locatario y sus familiares directos”, a un precio de 20 mil dólares.

Los problemas no tardaron en  llegar: facturas impagas y escenas de violencia

 “En los primeros meses de 2020 comenzaron a ocurrir sucesos de violencia dentro del departamento locado, tales como gritos, peleas, golpes y ruidos de puertas golpeándose constantemente, que motivaron quejas”, sigue la demanda.

Por esta situación, el propietario del departamento comenzó a recibir multas del consorcio y cartas documento.

 “En otras oportunidades la Policía de la seccional se constituyó en el edificio por llamadas y/o denuncias de los vecinos en cuyo caso el locatario no atendía a los funcionarios policiales o daba respuestas elusivas, hechos de los que se dejó constancia en el libro de la guardia del edificio”, agregó el demandante.

En agosto de 2020, el departamento incluso fue allanado en una causa a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12. El delito: disparo de arma de fuego, en un hecho ocurrido en un edificio de oficinas en la calle Sarmiento el 8 de julio de 2020. La denunciante había sido su  pareja, la misma que lo acusó de violencia de género ese año. García Gómez ya tenía la tobillera en su pierna para ese entonces. En su descargo inicial, dijo que creyó que el arma “era de juguete”.

“Las situaciones de gritos y peleas dentro del departamento continuaron al igual que los atrasos en el pago de impuestos o servicios, debiendo recurrir a intimaciones mediante cartas documento que acompaño remitidas al locatario y a la fiadora, quienes en forma parcial abonaron las expensas”, continúa la demanda.

Finalmente, el dueño recuperó su propiedad en mayo de 2021. La heladera estaba rota. Faltaba la cafetera, el horno estaba roto también, lo mismo el lavarropas. Las patas del sillón, molidas a golpes. Una alfombra inutilizable, lo mismo los aires acondicionados. Faltaban el reproductor de DVD, el router de wifi, las cortinas y alfombras estaban arruinadas también, con marcas de quemaduras.  Solo el costo de una nueva mano de pintura fue calculado en $100 mil de aquel entonces, dijo el dueño, que presentó fotos de los daños y las facturas correspondientes de las reparaciones. Irónicamente, la madre de García Gómez fue su garante; terminó como co-demandada.

En el medio de toda esta situación García Gómez tenía la tobillera puesta. Quedó detenido allí en la casa. 

Otro documento revela un dato inquietante. “Desde el inicio del proceso de supervisión el Sr. Leandro García Gómez, mantiene el cumplimiento de su detención en el domicilio sito en Concepción Arenal”, asegura el escrito judicial. 

La persona indicada como contacto alternativo en ese encierro era “su pareja, Cecilia Lourdes Fernández”. No solo eso: García Gómez aseguró que Lourdes “lo contuvo” duramente el momento su arresto. Allí, le secuestraron el arma en cuestión, una pistola Glock 9 milímetros.

Por el episodio del arma, el Tribunal N°8 lo condenó el 23 de diciembre de 2020 a dos años y cuatro meses de ejecución condicional. El tribunal exigió que se someta  “a tratamiento psicológico, previo informe del Cuerpo Médico Forense que acredite su necesidad y eficacia”.

En esa causa, el acusado “reconoció que se encontraba inserto en un contexto de consumo problemático de estupefacientes -cocaína- y ansiolíticos sin prescripción médica”. Aseveró, también, que se trataba vía Zoom dos veces por semana con un psiquiatra.

A mediados de 2025, el empresario llegó a un acuerdo con el consorcio del edificio en la calle Ravignani por una deuda de más de $3 millones en expensas, con una demanda en su contra radicada en el  Juzgado Civil N°33.(Fuente Infobae)