En una trama que mezcla barrios privados, fuga de acusados y una causa por coimas millonarias, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vincentis, el jefe de seguridad de Nordelta, por ser el presunto operador que facilitó el intento de escape de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker al inicio de la investigación por los supuestos sobornos de la droguería Suizo Argentina a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La resolución judicial pinta un cuadro de cinismo y obstrucción deliberada. Según Casanello, De Vincentis, un ex agente de la Policía Federal, ejecutó “una suerte de protocolo no escrito acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”. El día de los allanamientos, y aunque alegó estar de vacaciones, el hombre se movió con precisión para neutralizar el factor sorpresa. Mientras él demoraba el ingreso de la Policía de la Ciudad pidiendo ver las órdenes judiciales y verificando identidades, al otro lado del complejo la familia Kovalivker ponía pies en polvorosa.

La eficacia de su operativa quedó al descubierto con las pruebas recolectadas: los pericias telefónicas y las imágenes de las cámaras de seguridad muestran una coincidencia temporal casi perfecta entre el momento en que De Vincentis es alertado y la huida de Jonathan Kovalivker de su vivienda. Cuando los fiscales finalmente ingresaron, solo encontraron cajas fuertes abiertas y vacías. Emmanuel Kovalivker no tuvo la misma suerte: fue interceptado minutos después, cuando salía del country La Isla al volante de su Audi S3. En su poder llevaba 266.000 dólares y 7 millones de pesos.

Pero la manipulación no terminó ahí. La investigación revela que, en un movimiento cínico, el propio personal de seguridad de Nordelta bajo las órdenes de De Vincentis alertó a la Policía Bonaerense bajo la falsa premisa de que “personas no identificadas” intentaban realizar un procedimiento ilegal. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, solo para retirarse al confirmar la legitimidad del allanamiento. Una cortina de humo perfecta que consumió minutos cruciales.

El juez fue contundente al describir el poder de su posición: “Su rol le confería la capacidad de advertir en tiempo real la presencia de la fuerza pública, identificar el lote objeto de la medida, transmitir instrucciones al personal de garitas y coordinar apoyos externos. La actuación desplegada evidencia que efectivamente se valió de tales prerrogativas para frustrar una parte crucial del procedimiento”.

Casanello no decretó la prisión preventiva, pero impuso un embargo sobre los bienes de De Vincentis por 2 millones de pesos y decidió declararse incompetente, enviando la causa a un tribunal de Tigre, donde ocurrieron los hechos. La investigación avanza, dejando al descubierto los hilos que se mueven entre bastidores para proteger a los acusados de una trama de corrupción que salpica al Estado