Con una señal política que busca marcar el ritmo del cierre de año, el presidente Javier Milei decidió abrir un nuevo período de sesiones extraordinarias y habilitar una agenda legislativa cargada de reformas estructurales. El llamado, que regirá entre el 10 y el 30 de diciembre, apunta a instalar en el Congreso los proyectos centrales del plan económico y normativo  que el Gobierno quiere poner en marcha cuanto antes.

Un paquete de seis proyectos que define la hoja de ruta oficial

La convocatoria llega acompañada de un listado de seis iniciativas priorizadas por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, el proyecto de Presupuesto General 2026, que busca consolidar el equilibrio fiscal como ancla del programa económico. El texto prevé asignaciones específicas para áreas sociales y partidas reforzadas en seguridad y defensa. Su negociación será el capítulo más sensible, dado que los gobernadores ya comenzaron a plantear demandas sectoriales a Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al secretario de Hacienda Carlos Guberman.

Otro de los ejes será la Ley de Inocencia Fiscal, pensada para fomentar que ahorristas ingresen al circuito formal el dinero no declarado. La Casa Rosada considera esta herramienta clave para movilizar “los dólares del colchón” y dar volumen a la economía real. La iniciativa, enviada meses atrás al Congreso pero nunca tratada, tendrá ahora un lugar central en el paquete que se discutirá en diciembre.

A esto se suma el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una especie de “regla de oro” que busca blindar las cuentas del Estado y evitar que futuros aumentos de gasto no estén acompañados por su correspondiente financiamiento.

Reformas laborales, penales y una disputa ambiental que vuelve al centro

En el área laboral, el Ejecutivo enviará su Ley de Modernización Laboral, que recoge buena parte de los puntos ya anticipados por el oficialismo: cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo, limitaciones a la ultraactividad de convenios, incorporación de la prelación para dar prioridad a acuerdos por empresa y reformulación de criterios indemnizatorios. La intención del Gobierno es reducir litigiosidad, simplificar regulaciones y “destrabar el mercado laboral”.

En paralelo, Milei busca activar una reforma integral del Código Penal, un proyecto que incluirá más de 900 artículos y endurecerá penas para delitos graves como homicidios, narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil y robos agravados. El esquema prevé que, en el 82% de los delitos, la pena sea de cumplimiento efectivo, además de acelerar procesos con un sistema acusatorio más dinámico.

El paquete se completa con la actualización de la Ley de Glaciares, un capítulo ambiental siempre polémico. La propuesta, aún con muchos detalles reservados, apunta a redefinir los criterios para habilitar actividades económicas en zonas periglaciares. La novedad: las provincias tendrían mayor capacidad de decisión, algo que podría impactar en proyectos mineros. A la vez, se anticipa que la reforma incluirá cambios en las leyes de Promoción Minera y de Tierras.

El desafío político: votos, gobernadores y un Congreso decisivo

La ofensiva legislativa exigirá al oficialismo negociar en un Congreso donde no cuenta con mayorías propias. Los principales articuladores serán el presidente de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con la coordinación del ministro del Interior, Diego Santilli. Según fuentes oficiales, ya comenzó una ronda de contactos con los mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo.

La prioridad de diciembre será el Presupuesto y la reforma penal, mientras que las reformas laboral, tributaria y la discusión ambiental podrían extenderse hasta las sesiones extraordinarias previstas para enero y febrero.