Luego de la exoneración de Ricardo Souza, Pablo Sanz y Marcos Osuna, el gobierno de Neuquén avanza con una segunda tanda de sanciones administrativas en la causa por la estafa con planes sociales, donde se comprobó un fraude al Estado por más de 1137 millones de pesos.

Es dinero de subsidios, comprendidos entre  septiembre de 2020 a julio de 2022, por el uso indebido de tarjetas de débito. 

Si bien se comprobó el desvío de esos fondos, nunca se acreditó (podría ser en un segundo juicio) el destino del dinero para las campañas políticas.

Hay  otros seis exfuncionarios que podrían ser expulsados de la administración pública provincial si prosperan los sumarios internos ya confirmados por el Ejecutivo neuquino.

Los expedientes administrativos están en marcha y apuntan a aplicar la máxima sanción prevista en el Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincia,  como es la exoneración.

Los funcionarios que quedarían en la misma situación que los ya exonerados son Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, Tomás Siegenthaler, ex coordinador provincial de Administración; Luis Gallo, exdirector de Finanzas, Laura Reznik, exdirectora de Finanzas, Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería, y Alfredo Cury, abogado vinculado a la operatoria administrativa.

La mayoría de ellos se desempeñó bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social, área central en la gestión y control de los planes sociales utilizados para la maniobra fraudulenta.

La base legal de los sumarios se apoya en el artículo 9 del EPECAP, que enumera los deberes de los agentes públicos. En particular, el inciso K establece la obligación de: “Excusarse de intervenir en todo aquello que por su actuación puedan originarse interpretaciones de parcialidad y/o incompatibilidad moral”.

Para el Ejecutivo, la condena judicial por estafa no solo configura un delito penal, sino que también vulnera principios esenciales de la función pública, como la ética, la transparencia y la imparcialidad en el manejo de recursos estatales. Es una decisión que va más allá de las condenas penales, porque el fallo aún no está firme. Se espera que en estos días comience una etapa de impugnación de las penas.

El desempeño del agente público

Desde el gobierno explican que la evaluación administrativa es independiente del proceso penal, pero que una condena firme constituye un elemento determinante para avanzar con sanciones internas. En ese análisis pesan aspectos como la conducta exigida a un agente del Estado y la generación de situaciones incompatibles con la función pública.

La exoneración implica la expulsión definitiva del Estado provincial, sin posibilidad de reingreso, y es considerada la sanción más grave del régimen administrativo.

Si los sumarios avanzan como prevé el Ejecutivo, Neuquén profundizará así la depuración administrativa derivada del escándalo por la estafa con planes sociales, con un mensaje político claro: no habrá margen para condenados por corrupción dentro del Estado.