El Gobierno nacional y la Justicia Federal presentaron públicamente los resultados de una investigación sobre una organización dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses y que tuvo entre sus víctimas al soldado Rodrigo Andrés Gómez, un granadero de 21 años, quien se suicidó mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, donde reside el presidente Javier Milei.

El conscripto murió el 16 de diciembre en horas de la madrugada, mientras cumplía una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio. Ese día, se informó oficialmente que este soldado del ejército que cumplía tareas de vigilancia en la casa de la principal autoridad política del país se había quitado la vida.

Los audios con comunicaciones entre los integrantes de la banda y  obtenidos por la jueza federal, Dra. Arroyo Salgado, son aterradores

La Justicia ahora pudo confirmar esa hipótesis, pero había algo más. Lo que revelaron fue el funcionamiento de una “pyme del delito”.

Según informó la ministro Monteoliva, Gómez fue víctima de una extorsión que tuvo como víctimas a un número indeterminado de ciudadanos argentinos.

Describieron a la banda como una “pyme del delito”, que actúa mediante el uso de teléfonos celulares desde al menos dos centro penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. “Un celular en una cárcel es un arma”, afirmó Adorni.

La maniobra, que tuvo un trágico desenlace fatal, se orquestó a través de una aplicación de citas, y tuvo su epílogo ayer con la detención de al menos siete personas, tras una serie de operativos y allanamientos, en viviendas y cárceles de la provincia.

Las alarmas de las autoridades se activaron a partir de una carta que dejó la víctima y la necesidad de determinar qué pasó con una persona que se quitó la vida a metros de donde estaba durmiendo el Presidente.