La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Ley Penal Juvenil, una de las prioridades de la agenda legislativa del Gobierno. La iniciativa propone reformar el régimen penal juvenil vigente y reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El foco estuvo en la reforma penal, que fue aprobada con 149 votos a favor, 100 en contra y sin abstenciones.

El proyecto oficialista establece un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas. Entre ellas, la aplicación de medidas socioeducativas y laborales, penas alternativas para delitos con hasta 3 años de prisión, medidas progresivas para delitos con condenas de 3 a 10 años (excepto homicidios o lesiones graves), y penas privativas de libertad en institutos especializados con un límite de hasta 15 años para adolescentes.

Si bien el Ejecutivo había propuesto inicialmente bajar la edad de imputabilidad a 13 años y fijar penas máximas de 20 años, los consensos parlamentarios cerraron en una edad mínima de imputabilidad de 14 años y topes de privación de libertad reducidos.

Las detenciones deberán cumplirse en domicilios, institutos abiertos o centros especializados, siempre separados de los adultos. La discusión en la Cámara baja se desarrolló en un contexto de posiciones divididas entre bloques, con diferentes visiones sobre el alcance y enfoque del nuevo régimen penal para adolescentes.

Con un quórum de 129 legisladores, el oficialismo de La Libertad Avanza habilitó el tratamiento del proyecto con el apoyo de bloques dialoguistas. La reforma, que fue debatida durante 2024 y principios de 2025, no había logrado antes llegar al recinto por falta de votos.