La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, destinada a beneficiar a personas detenidas por motivos políticos tras dos semanas de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el alcance de la medida.

Organizaciones civiles, familiares de presos y diversos sectores expresaron dudas respecto a si la ley beneficiará a todos los activistas y opositores, incluidos aquellos en el exilio. Esto incluye cuestionamientos sobre si líderes políticos fuera del país podrán acogerse al beneficio sin riesgos legales o de detención.

Uno de los puntos más discutidos fue la exclusión de personas que “se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar o participar en acciones armadas o de fuerza” contra el Estado, según el texto aprobado. Esta cláusula genera incertidumbre sobre quiénes podrán ser beneficiados por la amnistía.

Organizaciones de derechos humanos estiman que aún permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos, aunque en las últimas semanas se liberaron varias decenas de detenidos. Al mismo tiempo, se registraron protestas, incluyendo huelgas de hambre de familiares que exigían la liberación de quienes siguen privados de su libertad.