Los clubes de Primera División convocaron a un paro de todas las categorías del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura.

La medida se decidió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, instó a los dirigentes a actuar en conjunto frente al conflicto judicial a partir de una denuncia radicada por ARCA.

EL COMUNICADO 

Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Futbol Argentino.

EL ORIGEN DE LA CAUSA 

El proceso penal se originó el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia de ARCA, ente recaudador argentino.

Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una supuesta omisión sistemática en el pago de tributos. La acusación documentó que la entidad no retuvo ni depositó aportes a la seguridad social, lo que ocasionó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000.

Las maniobras ilícitas habrían ocurrido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los hechos fueron encuadrados en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario. La fiscalía basó la imputación en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.

El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el 5 de marzo de 2026 con la declaración de Tapia y los abogados de la asociación. El día 6 será el turno de Toviggino y Gustavo Lorenzo, mientras que el 9 de marzo deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. La Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene pendiente resolver el recurso presentado por la defensa, que había apelado la negativa al pedido de sobreseimiento antes de la firma de las citaciones. El juez desestimó el cierre del expediente, dando la razón a ARCA y a la fiscalía, quienes afirmaron que el delito se encontraba plenamente configurado.