El fiscal Martín López Perrando considera que hay elementos probatorios para investigar a los progenitores de Cristian Graf, cuyo sobreseimiento fue anulado a fines de noviembre pasado. 

Transcurrieron  más de nueve meses del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años que había desaparecido durante la tarde del 26 de julio de 1984  y la investigación que encabeza el fiscal Martín López Perrando arrojó, hasta el momento, más dudas que certezas sobre el misterio de la casa del barrio porteño de Coghlan.

Después de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones resolviera a fines de noviembre pasado la revocación del sobreseimiento y la declaración indagatoria de Cristian Graf, el principal acusado de encubrir el hallazgo de los restos de Fernández Lima, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 61 amplió la investigación al círculo familiar del ex compañero de colegio de la víctima: considera que hay elementos suficientes para incluirlos en el expediente.

Fuentes del caso precisaron que esta decisión implica involucrar a todos aquellos que vivieron en la casa ubicada sobre avenida Congreso al 3.700, además de sus historias personales y otros datos de interés que puedan ser relevantes para la investigación sobre qué fue lo que pasó con Fernández Lima.

De esta manera, el fiscal López Perrando presentó a mediados de diciembre un pedido ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación, conducido por Sandra Pettovello, para acceder a los registros laborales tanto del padre ya fallecido de Graf, Federico Alberto Graf, como de su madre, Susana Elena Grassle, quien actualmente tiene 87 años. Lo propio hizo con la solicitud de información que envió al ARCA, la ex AFIP.

Ambos informes, de acuerdo arrojaron que existía una sociedad comercial entre los padres de Graf, la cual se disolvió cuando falleció el progenitor del acusado.

Según confiaron fuentes del caso, el objetivo del fiscal López Perrando pasa por determinar si alguno de ellos había ocupado cargos públicos en el pasado, o bien si habían integrado alguna fuerza de seguridad. Pero en base a las pruebas recolectadas hasta el momento, ninguno de ellos tuvo vínculo alguno con el Estado.

Martín Díaz, ahora no solo abogado de Cristian Graf, sino también de su familia y criticó la decisión del fiscal López Perrando de investigar a los padres del principal sospechoso: “Toda persona ajena al hecho no tiene por qué ser investigada, pero, según la línea del fiscal, cree que hay elementos. Y, la verdad, que cada vez que sigue una línea de investigación termina en la nada, como en una calle sin salida”.

Sobre la situación judicial actual de Cristian Graf, Díaz explicó a este medio que su cliente “no se encuentra imputado ni bajo investigación por ningún tipo de delito”.

En un primer momento, Graf había sido acusado por el fiscal Martín López Perrando por encubrimiento, pero luego resultó sobreseído por el juez Litvack, en un expediente que recayó con posterioridad en la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones.

La cámara, integrada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Hernán López, anuló el sobreseimiento y ordenó investigar de nuevo el rol de Graf.

Fernández Lima fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires, día en el que regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.

Alrededor de las 20.30, como el adolescente no volvía, sus padres acudieron a la entonces Comisaría 39° de la Policía Federal para reportar su desaparición, donde asentaron el caso como una presunta “fuga de hogar”.

Así, comenzó una búsqueda con panfletos pegados en el barrio, al tiempo que trataron de visibilizar su desaparición en los medios de comunicación. Su padre dio una entrevista por el caso en 1986 y murió sin saber el destino de su hijo.

Los restos óseos aún sin identificar de Fernández Lima aparecieron el 20 de mayo pasado, cuando un grupo de obreros levantaba una pared medianera en la casa de avenida Congreso 3748 que había sido propiedad de la artista Marina Olmi -hermana del actor Boy Olmi-, y que había alquilado el músico Gustavo Cerati, entre 2002 y 2003.

En ese contexto, se produjo un desmoronamiento de tierra desde el jardín del chalet lindero de Congreso 3742, donde vivía, desde los años ’70, el ex compañero de escuela de la víctima con su familia.

Los obreros le avisaron del hallazgo a una de las dueñas de la vivienda lindera -hermana del acusado-, al tiempo que un vecino llamó a la policía.

Así, la investigación recayó en la fiscalía a cargo de López Perrando, quien dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Al analizar los 151 fragmentos de huesos hallados, los especialistas determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el tórax que dejó una marca en su cuarta costilla derecha. También que, tras el crimen, intentaron desmembrarlo, aunque no pudieron. Tras ello, lo enterraron en una improvisada fosa a 60 centímetros de profundidad en el jardín de la casa.

Junto a los restos óseos, había una moneda japonesa, un reloj con calculadora Casio -fabricado en Japón en 1982-, un llavero flotante naranja con una llave, una ficha de casino, la hebilla de un cinturón, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata tejida de uniforme colegial. Estos elementos brindaron indicios sobre la edad de la víctima y permitieron fijar la década del ’80 como la época en la que se habría cometido el crimen.