La jueza federal, Dra. Sandra Arroyo Salgado pidió prohibir los celulares en las cárceles bonaerenses donde hoy su uso es legal con registro. 

Como es sabido, el sistema se autorizó durante la pandemia para mantener la comunicación con familiares y abogados cuando se suspendieron las visitas, y luego se mantuvo.

A partir de entonces, además de los teléfonos permitidos, comenzaron a  ingresar dispositivos de forma clandestina a través de familiares o penitenciarios corruptos. Según registros del Ministerio de Justicia bonaerense, en 2025 se secuestraron 1.525 celulares ilegales.

Investigaciones judiciales vienen detectando desde hace ya tiempo,  que algunos presos utilizan estos dispositivos para cometer delitos desde prisión, tales como estafas y extorsiones organizadas mediante aplicaciones de mensajería, lo que dificulta el control por parte de las autoridades. 

Uno de los casos investigados que ha generado una reacción por parte de la sociedad es el del soldado Rodrigo Gómez, soldado que  se suicidó mientras cumplía funciones de seguridad en la quinta Presidencial de Olivos.

Gómez estaba siendo  extorsionado por una banda que operaba desde la cárcel de Magdalena.

La causa judicial recayó en la Dra. Arroyo Salgado quien en el marco del avance logró establecer la identidad de los extorsionadores y la llevó a solicitar por vía judicial a la provincia de Buenos Aires, la prohibición en el uso de celulares.

La respuesta no se hizo esperar. Una fuente del gobierno encabezado por Axel Kicillof señaló que  “No se puede entrar un día a los penales y dejar a 50 mil presos sin el celular con el que se comunican con sus familias. Es materialmente imposible. Nos prenden fuego todo. Un motín tras otro. La oportunidad era cuando terminó la pandemia, y se dejó pasar. Ahora es muy complicado”.