Una compleja investigación judicial puso al descubierto un presunto entramado que vincula a profesionales de la salud con el desvío de potentes anestésicos de uso hospitalario y su utilización en ámbitos privados.

El caso cobró notoriedad tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, hecho que derivó en una serie de allanamientos y peritajes que aún continúan en curso.

El fallecimiento de Zalazar, ocurrido el 20 de febrero en su departamento del barrio porteño de Palermo, fue el punto de partida. El médico fue hallado sin vida en su vivienda, sin signos de violencia, pero con elementos vinculados a la administración intravenosa de sustancias.

Las pericias determinaron que la causa de muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo, fármacos de uso estrictamente hospitalario. En el lugar también se encontraron medicamentos e insumos médicos cuya procedencia encendió las alarmas de los investigadores.

A partir del análisis de trazabilidad, se estableció que parte de esos insumos pertenecerían al Hospital Italiano de Buenos Aires, institución donde la víctima no prestaba servicios.

Profesionales bajo la lupa

La causa avanzó rápidamente hacia el área de Anestesiología de ese centro de salud. En ese marco, fueron identificados el médico Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse como principales investigados por el presunto robo y posterior distribución de los fármacos.

Boveri, con trayectoria en la especialidad, fue indagado en la causa y optó por no declarar. Lanusse, por su parte, brindó un descargo inicial y anticipó una ampliación, aunque sin aportar elementos sustanciales hasta el momento.

•Un nexo clave

En el expediente también aparece mencionada una tercera figura: Chantal Leclercq, conocida como “Tati”, quien habría actuado como nexo entre distintos actores involucrados.

Si bien no está imputada, su testimonio fue incorporado a la causa y permitió establecer conexiones entre la muerte de Zalazar y la presunta red de sustracción de medicamentos.

•El circuito ilegal de los fármacos

Los investigadores intentan determinar cómo sustancias como el propofol y el fentanilo —que no se comercializan en farmacias y cuyo uso está restringido al ámbito médico— habrían salido del circuito hospitalario.

Una de las hipótesis apunta a un “robo hormiga”, es decir, una extracción sistemática y sostenida en el tiempo que habría permitido el desvío de estos insumos sin ser detectado durante años.

•Reuniones bajo sospecha

Otro de los ejes de la investigación gira en torno a encuentros privados en los que, según se sospecha, se utilizaban estos anestésicos fuera de todo control sanitario.

En ese contexto, surgieron versiones sobre supuestas reuniones donde se realizaban experiencias denominadas “viajes controlados”, en las que los participantes accedían a estas sustancias en entornos informales.

•Una causa en pleno desarrollo

El expediente se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, con intervención de la Fiscalía N°49. La calificación legal aún no está definida, aunque podría encuadrarse como hurto o administración fraudulenta, delitos que contemplan penas de hasta seis años de prisión.

En paralelo, la muerte de Zalazar continúa siendo investigada como un caso de “muerte dudosa”.

Mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de los hechos, el caso genera fuerte preocupación en el ámbito sanitario por el posible desvío de medicamentos críticos y su uso fuera de los protocolos médicos establecidos.