La investigación por el presunto secuestro extorsivo denunciado por el empresario Alejandro Peña continúa sumando elementos clave y avanza bajo la órbita de la Justicia Federal. En las últimas horas, se logró reconstruir el recorrido que habrían realizado los supuestos captores a partir del análisis de cámaras de seguridad y el testimonio de la víctima.

Según información publicada, Peña relató que fue citado en una estación de servicio Axion, ubicada en el predio del supermercado Chango Más. 

Allí, una mujer lo habría contactado y posteriormente guiado hasta una vivienda en el barrio Altos del Vanoli, donde —de acuerdo a su denuncia— se habría iniciado la privación ilegal de la libertad.

El empresario sostuvo que allí  fue interceptado mediante una maniobra en la que otro vehículo bloqueó la puerta de su automóvil. 

En ese contexto, descendió Diego Canoni, señalado como el principal imputado, junto a otras personas que lo habrían intimidado, dando inicio al presunto secuestro.

Siempre según el testimonio de la víctima, a partir de ese momento fue trasladado por distintos puntos de la ciudad —entre ellos Hugo Acuña, Cabrera, Sarmiento, Estomba, Colón y Tucumán— con el objetivo de reunir el dinero exigido. Durante el trayecto, denunció haber sido sometido a amenazas constantes.

En su declaración, Peña indicó que los captores le exigieron el pago de 50 millones de pesos, aunque finalmente habría entregado unos 10 mil dólares. 

En ese sentido, trascendió la existencia de documentación vinculada a esa entrega, como un recibo y un formulario 08 correspondiente a un vehículo, elementos que ahora forman parte de la investigación.

Uno de los aspectos que refuerzan la hipótesis planteada por el denunciante es la coincidencia entre su relato y las imágenes captadas por el Centro Único de Monitoreo, así como los entrecruzamientos telefónicos que permitieron avanzar con allanamientos realizados por Prefectura Naval.

El caso también presenta un trasfondo de conflicto previo entre las partes. Según se investiga, Canoni habría sido inquilino de un inmueble perteneciente a Peña y lo responsabilizaría por robos ocurridos en esa propiedad, situación que podría haber derivado en el reclamo económico.

La causa está a cargo del juez federal Walter López Da Silva, quien deberá determinar si se trató de un secuestro extorsivo o de un conflicto entre particulares que escaló hacia conductas delictivas de mayor gravedad. El expediente continúa bajo reserva.