Un hombre de 67 años fue aprehendido en flagrancia en Copacabana tras insultar racialmente a una joven repartidora en la fila de un supermercado. A diferencia del caso Páez, el acusado es residente en Brasil y enfrenta condiciones procesales más duras.

 A poco más de tres meses del escándalo que protagonizó la abogada argentina Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro por realizar gestos racistas frente a empleados de un bar de Ipanema, Brasil vuelve a ser escenario de un incidente protagonizado por un ciudadano argentino. 

Esta vez, el acusado es José Luis Haile, de 67 años, oriundo de la ciudad de La Plata y residente en el país vecino desde hace dos años, fue detenido en flagrancia el lunes en una sucursal del supermercado sobre la calle Siqueira Campos, a metros de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Según consta en la denuncia policial, la víctima es Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, trabajadora de una aplicación de repartos. 

Samara se había ubicado frente a una caja que estaba por abrir en ese local para ganar tiempo con sus pedidos. La cajera demoró aproximadamente diez minutos en comenzar a atender.

Durante esa espera, Haile comenzó a quejarse en voz alta por la demora. Cuando Samara intervino para explicar que la tardanza correspondía al proceso de apertura de caja y que no era responsabilidad de la empleada, el hombre le exigió que se callara. Al negarse, Haile le dirigió el insulto «negra puta» en dos oportunidades.

La escena fue presenciada por otro ciudadano argentino que también realizaba compras en el local. Ese testigo, indignado, alertó a una patrulla de la Guardia Municipal que se encontraba en la esquina del supermercado. 

Los agentes detuvieron a Haile en el acto y lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana, donde quedó detenido en flagrancia por injuria racial.

Un elemento diferencia este caso del de Agostina Páez y condiciona el proceso judicial de Haile: el acusado no está de vacaciones en Brasil. 

Según declaró ante la policía, vive en el país desde hace dos años y cuenta con residencia. 

Esa condición aceleró su derivación directa a una cárcel común en el barrio de Benfica, en lugar del arresto domiciliario con tobillera electrónica que tuvo Páez en sus primeras semanas, situación asociada a su estatus de turista.

La Justicia de Río de Janeiro convirtió rápidamente la detención en prisión preventiva. 

Desde enero de 2023, Brasil equiparó la injuria racial al delito de racismo por vía legislativa, lo que lo convierte en un delito imprescriptible, inafianzable en instancia policial y con una pena de entre dos y cinco años de reclusión.

Para Haile, las posibilidades de obtener autorización para abandonar el país durante el proceso son significativamente menores que las que tuvo Páez: al ser residente y no turista, los fundamentos procesales para una eventual morigeración de la pena o salida anticipada se reducen considerablemente.

El caso Páez: un antecedente que no cerró

El episodio de este lunes ocurre mientras el caso Páez aún no tiene sentencia firme. La abogada santiagueña fue filmada en enero de este año realizando gestos de imitación de mono frente a empleados de un bar de Ipanema. Estuvo más de 70 días bajo medidas cautelares y tobillera electrónica en Río, y solo pudo regresar a la Argentina luego del pago de una caución de aproximadamente 20.000 dólares.

Como informó este medio, el regreso de Páez al país no estuvo exento de nuevas polémicas: días después de su arribo, su padre Mariano Páez fue filmado repitiendo los mismos gestos racistas en un bar de Santiago del Estero. El hombre reconoció luego haber «reaccionado muy mal» ante lo que describió como una situación de provocación, aunque la retractación llegó después de haber intentado desmentir el video tildándolo de «trucado». La causa de Agostina Páez sigue abierta a la espera de la sentencia definitiva del juez brasileño.

El caso también tuvo derivaciones políticas en Argentina: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió con Páez en un café, en un gesto interpretado por analistas como una reivindicación implícita de la acusada que generó críticas dentro y fuera del oficialismo.

Una pauta que se instala

La acumulación de casos de argentinos detenidos o investigados en Brasil por injurias raciales o actos de discriminación comenzó a instalarse como pauta periodística recurrente. Más allá de las circunstancias individuales de cada episodio, el fenómeno refleja la brecha entre la legislación antirracista brasileña, que desde 2023 no distingue entre injuria racial y racismo, y la percepción que algunos viajantes o residentes argentinos tienen sobre sus propias conductas en el exterior. En Brasil, ese tipo de actos no quedan en una disputa interpersonal: son delitos graves, de acción pública, imprescriptibles y con penas de prisión efectiva.