La investigación por corrupción policial en el ámbito de la Seguridad Vial bonaerense sumó nuevas condenas en las últimas horas.

 Dos efectivos  -un comisario y un subcomisario- fueron sentenciados a penas de tres años de prisión en suspenso por integrar una organización dedicada al cobro de coimas a transportistas en rutas de la región.

El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado tramitado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Azul, con intervención del juez Albano Gallicchio. 

Los condenados fueron identificados como Julio Ezequiel Olate, de 51 años y oriundo de General Alvear, y Pablo Alejandro Jiménez Chumbita, de 48 años, nacido en San Justo.

En el caso de Olate, además de la pena en suspenso, se le impuso una multa y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

El ex comisario fue hallado culpable de asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y ofrecimiento de dádivas. A su vez, también fue condenado por la organización y explotación de juego clandestino y encubrimiento en otra causa vinculada.

Por su parte, Jiménez Chumbita recibió una condena de tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación para ejercer funciones públicas y una multa. Fue considerado autor de asociación ilícita, dictado de órdenes ilegales, incumplimiento de deberes y hechos de corrupción vinculados al cobro de sobornos.

Según quedó acreditado en la causa, entre enero y mayo de 2018 varios efectivos de Seguridad Vial que prestaban servicio en destacamentos de Azul, Las Flores, Monte, Tandil y Gorchs integraban una estructura organizada para exigir pagos ilegales a transportistas a cambio de permitirles circular sin controles.

Las maniobras se realizaban en rutas clave como la 3 y la 226. 

Los policías coordinaban entre sí —mediante contactos personales y telefónicos— la recaudación y distribución del dinero. En algunos casos, los pagos se centralizaban en determinados destacamentos y luego se repartían; en otros, los choferes abonaban sumas periódicas en cada dependencia.

El fallo también señala que los jefes de destacamento no solo conocían estas prácticas, sino que las permitían sin adoptar medidas para impedirlas.

Juego clandestino y agravantes

Además de los delitos vinculados a la corrupción vial, Olate fue encontrado responsable de organizar partidas ilegales de póker y otros juegos de azar en un predio de su propiedad en General Alvear durante 2018. Como funcionario policial, también fue cuestionado por no denunciar actividades similares que tenían lugar en un club local.

El magistrado consideró como agravante la condición de policía de Olate al momento de cometer los delitos, al entender que implicó una violación grave al deber de legalidad y conducta ejemplar inherente a su función.

Dinero decomisado y destino social

En el marco de la causa, durante los allanamientos se secuestró dinero en efectivo que, según dispuso el juez, será decomisado y destinado a programas provinciales de lucha contra el narcotráfico y las adicciones.

Este es el segundo juicio abreviado vinculado a la mega causa. 

En noviembre de 2023, otros cuatro policías ya habían sido condenados, tres de ellos a penas de prisión efectiva de cinco años y uno a tres años en suspenso, todos con inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La investigación, sin embargo, continúa abierta. Aún quedan cuatro imputados a la espera de juicio, entre ellos un subcomisario que se acogió a la figura del “arrepentido”, lo que podría derivar en una eventual reducción de pena en caso de ser condenado.

La causa se consolidó a partir de escuchas telefónicas y una serie de allanamientos simultáneos realizados en mayo de 2018 en distintos destacamentos viales de la región. 

Las pruebas reunidas permitieron desarticular una red de corrupción que operaba de manera sistemática sobre uno de los principales corredores de transporte de la provincia.