El ascenso de los camaristas Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, del fuero penal económico fueron suspendidos.

La decisión se mantendrá hasta que la Cámara de Apelaciones defina la situación del jefe de la AFA, Claudio Tapia  y del tesorero, Pablo Toviggino

Los jueces Catania y Galván Greenway deberán esperar para que el Senado trate sus pliegos.

La decisión se adoptó luego que sus nombres quedaran bajo revisión política por intervenciones judiciales relacionadas con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Fuentes oficiales confirmaron que la Casa Rosada no prevé por ahora retirar formalmente las postulaciones, como se había especulado recientemente, sino que optó por postergar su tratamiento parlamentario hasta que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resuelva la apelación presentada por Tapia y Toviggino en la causa donde ambos fueron procesados por apropiación indebida de aportes y tributos y asociación ilícita.

La definición tiene impacto político y judicial, dado que los dos magistrados postulados ocupan actualmente juzgados con antecedentes en causas sensibles para el fútbol argentino. 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico cuenta actualmente con una integración mínima: solo el juez Roberto Hornos y la jueza Carolina Robiglio conforman las Salas A y B, respectivamente, mientras los demás cargos permanecen vacantes. Este tribunal será el encargado de definir la apelación presentada por Tapia y Toviggino en el expediente que investiga presuntas irregularidades tributarias y previsionales.

En el oficialismo existe la decisión de aguardar esa resolución antes de habilitar cualquier avance legislativo. Los expedientes se encuentran formalmente en el Senado y forman parte del paquete de nombramientos judiciales impulsado por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques.

Se trata del Expediente PE. 35/26, mensaje N° 46/26, que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, al doctor Alejandro Javier Catania, conforme mensaje N° 99/26. El Expediente PE. 37/26, mensaje N° 48/26, solicita acuerdo para designar vocal de la misma Cámara, Sala A, al doctor Juan Pedro Galván Greenway, también conforme mensaje N° 99/26.

Ambos candidatos ya atravesaron la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado el pasado 6 de mayo, en el marco del procedimiento constitucional para la cobertura de vacantes judiciales.

No obstante, fuentes parlamentarias de la comisión indicaron  que no existe una definición política sobre el futuro de ambos pliegos y, por el momento, no hay fecha prevista para su tratamiento en el recinto.

La situación de Galván Greenway quedó especialmente expuesta por su intervención en una resolución favorable a Tapia en una causa sobre supuestas irregularidades en el manejo institucional de la AFA. 

En el caso de Catania, las objeciones se centran en antecedentes de actuación judicial y vínculos políticos que volvieron a ser analizados en el contexto del avance de investigaciones sobre la estructura financiera de la AFA y las denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre estos procesos se destaca la causa que tramita en el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino fueron procesados por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Recientemente, una ampliación de denuncia presentada por ARCA incorporó sospechas de asociación ilícita fiscal y facturación apócrifa.

Este expediente se convirtió en uno de los focos judiciales más sensibles para la cúpula de la AFA y es seguido de cerca por el Gobierno, sectores del Poder Judicial y el Congreso.

En este contexto, la Casa Rosada busca evitar que los ascensos de magistrados relacionados con decisiones judiciales favorables a la cúpula de la AFA queden expuestos políticamente antes de la resolución de la Cámara sobre un caso de alto impacto institucional y mediático.

Fuentes oficiales insistieron en que la decisión “no implica bajar los pliegos”, sino administrar los tiempos políticos y parlamentarios hasta que exista una definición judicial sobre la apelación pendiente.