Detuvieron a ocho funcionarios policiales que cumplían funciones en destacamentos, en el marco de una causa por cobros de coimas millonarias que llega a localidades como Junín, donde en la tarde de ayer se cumplió con un allanamiento en la dependencia ubicada a la vera de la Ruta Nacional 7.

Un nuevo  escándalo sacude a la Policía Vial bonaerense luego de que el jefe y ocho efectivos del Destacamento de Seguridad Vial de Colón fueran detenidos en el marco de una investigación por presunto cobro sistemático de coimas en controles realizados sobre la Ruta Nacional 8.

La IPP  se encuentra  encabezada por la fiscal Magdalena Brandt, quien imputó a los acusados por presuntas exacciones ilegales, concusión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. 

Las detenciones fueron ordenadas por el juez de Garantías César Solazzi, que además dispuso múltiples allanamientos en dependencias policiales y domicilios particulares vinculados con los investigados.

Según la pesquisa judicial, los efectivos habrían montado una estructura organizada destinada a exigir dinero a conductores interceptados durante operativos viales realizados en distintos corredores del partido de Colón.

De acuerdo con la acusación, los policías amenazaban a transportistas y automovilistas con labrar infracciones, secuestrar vehículos, retener documentación e incluso iniciar causas penales. Frente a esa situación, ofrecían evitar las sanciones a cambio de pagos realizados mediante transferencias bancarias.

La investigación sostiene que la maniobra funcionó entre enero de 2024 y noviembre de 2025 y que el eje principal del circuito económico habría sido una cuenta bancaria del banco Supervielle identificada con el alias “pelado.258”.

Según la fiscalía, los conductores transferían el dinero exigido durante los controles sobre la Ruta 8. 

Posteriormente, los fondos eran derivados hacia cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con el jefe policial y otros integrantes de la dependencia.

Los investigadores detectaron movimientos por cifras millonarias. 

En el expediente figuran transferencias superiores a los 23 millones de pesos hacia algunos de los efectivos involucrados, además de numerosos giros menores distribuidos entre otros integrantes de la estructura.

La fiscal Brandt indicó que las acreditaciones provenían de personas y empresas de distintos puntos del país, muchas de ellas relacionadas con el transporte de cargas que circulaba por la Ruta 8.

Entre las pruebas incorporadas a la causa aparecen informes bancarios, registros telefónicos, reportes de billeteras virtuales y declaraciones testimoniales.

La fiscalía asegura haber detectado más de 300 operaciones sospechosas vinculadas con presuntos pagos ilegales realizados durante controles viales.

Uno de los casos mencionados involucra a un chofer de transporte de cargas al que inicialmente le habrían exigido 27 millones de pesos para evitar una supuesta infracción. Finalmente, según consta en el expediente, terminó abonando 2 millones de pesos mediante transferencias desde dos cuentas distintas.

También se investigan pagos realizados por presuntas irregularidades relacionadas con documentación de cargas, habilitaciones del Senasa, faltantes de chapas patentes y hasta tenencia de pequeñas cantidades de marihuana.

La fiscalía considera que los hechos no fueron episodios aislados, sino parte de una organización estructurada dentro de la Policía Vial.

Por ese motivo, los acusados fueron imputados también por asociación ilícita, señalando como organizador al entonces jefe del Destacamento Vial de Colón.

En el expediente además aparecen mencionados efectivos pertenecientes a la estructura de Policía Vial de la zona Junín, quienes presuntamente habrían recibido transferencias derivadas de la recaudación ilegal.

La investigación también alcanzó movimientos económicos relacionados con integrantes del Destacamento Vial de Carabelas, donde se sospecha que podrían haberse replicado mecanismos similares de cobro ilegal.

Para concretar las detenciones, la fiscal solicitó allanamientos con habilitación de días y horarios inhábiles, además de la intervención de fuerzas especiales debido a que los acusados pertenecen a la Policía bonaerense.

La resolución judicial se apoyó en un amplio conjunto de pruebas reunidas durante más de un año de investigación, incluyendo documentación bancaria, registros telefónicos, informes de Mercado Pago, actas de procedimiento y testimonios de víctimas.

Además, la fiscal Brandt advirtió sobre posibles riesgos procesales y aseguró que uno de los imputados habría intentado comunicarse con una víctima para influir en su declaración.

Mientras continúan los procedimientos judiciales, la causa ya es considerada una de las investigaciones más graves por presunta corrupción policial en el norte bonaerense, con foco en los controles vehiculares realizados sobre la Ruta Nacional 8.