La exjueza Alejandra Velázquez, quien se desempeñó como titular del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, fue condenada a tres años de prisión tras ser hallada culpable de ofrecer sobornos para manipular procesos de adopción de menores. Sin embargo, debido al tiempo que permaneció detenida durante el proceso judicial, la Justicia le concedió el beneficio de la libertad condicional.

La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Correccional N°1 de San Isidro.

Según consta en el fallo, tanto la fiscalía como la defensa alcanzaron un acuerdo respecto de la pena, luego de que Velázquez reconociera su responsabilidad en el delito de “cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública”. Además de la condena penal, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante seis años.

Aunque los hechos investigados se remontan a principios de 2011, el caso tomó estado público en 2017, cuando la magistrada fue apartada de su cargo bajo la acusación de haber participado en maniobras de “intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer”, una situación que generó un profundo impacto institucional y social.

Las irregularidades atribuidas a Velázquez comenzaron a salir a la luz a partir de una serie de denuncias relacionadas con sus reiteradas ausencias laborales. Fue entonces cuando el Colegio de Abogados de San Isidro impulsó una investigación que terminó revelando un panorama alarmante dentro del Juzgado de Familia N°1 de Pilar.

En aquel momento, desde la entidad profesional señalaron con dureza que el organismo judicial atravesaba una situación crítica. “La investigación permitió develar un cuadro tan grave como desolador: el Juzgado de Familia N°1 de Pilar era un verdadero caos, la jueza una calamidad y la Justicia un enunciado sin valor alguno”, expresaron.

Uno de los aspectos más impactantes de la causa surgió de los testimonios recogidos durante la investigación. Diversos declarantes aseguraron que la entonces jueza promovía una actividad paralela destinada a captar mujeres embarazadas dispuestas a entregar a sus hijos en adopción o a localizar niños en situación de adoptabilidad.

Según esos testimonios, Velázquez se refería a esa práctica con la expresión “conseguir panzas”, una frase que quedó incorporada al expediente y que refleja la crudeza de las maniobras investigadas.

La pesquisa también permitió detectar anomalías en distintos expedientes de adopción, muchos de ellos vinculados a familias de elevado poder adquisitivo radicadas en Pilar, lo que profundizó las sospechas sobre la existencia de un circuito irregular que operaba aprovechando la vulnerabilidad de mujeres embarazadas y menores de edad.

La condena de Alejandra Velázquez vuelve a poner bajo la lupa uno de los casos más sensibles y escandalosos registrados en el ámbito judicial bonaerense. Más allá de la pena impuesta, el expediente dejó al descubierto graves falencias en los mecanismos de control institucional y un entramado que durante años funcionó en uno de los organismos encargados de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El fallo representa un cierre judicial para una causa que se extendió durante más de una década, aunque las secuelas del caso continúan generando interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de adopciones y la responsabilidad de quienes tenían la obligación de garantizar su transparencia.