El fiscal federal Federico Iuspa solicitó la elevación a juicio oral de la causa que investiga a una organización criminal acusada de realizar extorsiones desde cárceles bonaerenses mediante engaños en aplicaciones de citas.

La banda está señalada por haber hostigado y acorralado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se quitó la vida mientras cumplía funciones de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos.

El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Federal N° 1 de San Isidro ante la jueza Sandra Arroyo Salgado y alcanza a siete imputados, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a captar víctimas a través de plataformas de citas para luego someterlas a maniobras extorsivas.

Según la investigación, dos de los principales acusados dirigían la organización desde la Unidad Penal N° 36 de Magdalena, mientras que otro de los implicados operaba desde la Unidad Penal N° 26 de Olmos. Desde esos establecimientos penitenciarios, la banda habría coordinado gran parte de las maniobras delictivas utilizando teléfonos celulares.

La causa se originó tras la muerte de Gómez, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo, quien el 16 de diciembre pasado se suicidó mientras realizaba tareas de vigilancia en la residencia presidencial de Olivos. La pesquisa determinó que, previamente, el joven había sido sometido a una intensa presión psicológica y económica por parte de los extorsionadores.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el episodio comenzó cuando el efectivo militar entabló contacto con una supuesta mujer a través de una aplicación de citas. Posteriormente, la conversación continuó por WhatsApp, donde apareció una persona que se presentó como la madre de la joven y aseguró que la chica era menor de edad, advirtiendo sobre una posible denuncia penal.

Más tarde, otro integrante de la organización se hizo pasar por un policía y comenzó a exigirle dinero para evitar supuestas consecuencias judiciales. Bajo ese escenario de amenazas, Gómez llegó a transferir más de 1,4 millones de pesos, además de solicitar préstamos y ayuda económica a compañeros. Sin embargo, las exigencias continuaron.

Los investigadores establecieron que la estructura delictiva contaba además con la participación de cuatro mujeres, quienes habrían facilitado cuentas de billeteras virtuales y líneas telefónicas utilizadas para recibir y canalizar el dinero obtenido mediante las extorsiones.

Con el avance de la causa, el Ministerio Público Fiscal pidió que los siete acusados sean juzgados por los delitos de asociación ilícita agravada y extorsión. Asimismo, los dos presuntos líderes de la organización deberán responder también por la acusación de instigación al suicidio de Rodrigo Gómez, un hecho que conmocionó a las fuerzas de seguridad y que puso en evidencia el alcance de las maniobras delictivas perpetradas desde establecimientos penitenciarios.