Una nueva investigación periodística volvió a colocar al exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en el centro de la escena.
El informe expone supuestos vínculos entre integrantes de su entorno y una empresa que habría obtenido contratos relacionados con el sistema de fotomultas en territorio bonaerense.
La investigación señala a Priscila Ferrante, sobrina de Jessica Cirio, ex pareja del exfuncionario, por haber trabajado entre 2016 y 2018 en la firma Always Group S.A., dedicada al desarrollo de tecnología para el control del tránsito, incluyendo equipos de fiscalización electrónica.
Según el informe, la empresa fue incorporada al Registro de Proveedores de la Provincia pocos días después de la llegada de Insaurralde a la Jefatura de Gabinete bonaerense en 2021, hecho que despertó sospechas debido al posterior crecimiento de la compañía en contrataciones vinculadas al sistema de fotomultas.
La investigación también sostiene que la Justicia analiza el patrimonio de Ferrante y habría ordenado distintas medidas para determinar la evolución de sus bienes y movimientos financieros. Además, recuerda que su nombre ya había surgido en otra causa judicial relacionada con presuntas maniobras de facturación irregular.
Otro de los puntos abordados hace referencia a una supuesta utilización de universidades nacionales para canalizar contrataciones vinculadas al sistema de fotomultas, una modalidad que, según la investigación, ya había sido observada en expedientes anteriores.
Asimismo, se indica que Always Group compartiría domicilio legal con otras empresas mencionadas en la causa y que figura como proveedora tanto del Gobierno bonaerense como del municipio de Almirante Brown. En cuanto al municipio de Lomas de Zamora, la investigación aclara que aún no fue posible corroborar oficialmente la existencia de contratos debido a la falta de acceso público a la información correspondiente.
Toda la documentación reunida fue presentada ante los fiscales que intervienen en las distintas causas que investigan tanto el patrimonio de Insaurralde como las presuntas irregularidades en el esquema de fotomultas.
La investigación plantea además que esta línea de análisis podría incorporarse a otros expedientes que buscan determinar el origen de supuestos fondos vinculados al exfuncionario.
Por el momento, la causa permanece en etapa de instrucción y será la Justicia la encargada de establecer si existen pruebas suficientes para avanzar sobre las denuncias y determinar eventuales responsabilidades penales.