La convocatoria al paro nacional decretado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para mañana abrió un escenario de incertidumbre para millones de familias.

Debido a que el acatamiento a la huelga dependerá de la adhesión de los maestros en cada provincia y colegio, el normal desarrollo de la jornada escolar quedó bajo cuestionamiento, amenazando con paralizar las aulas de manera dispar en todo el territorio nacional.

Entre sus exigencias centrales, la entidad sindical reclama la apertura inmediata de la Paritaria Nacional Docente, aumentos salariales, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo.

A su vez, los trabajadores expresaron su objeción ante una probable reforma previsional y rechazaron el proyecto de la “Ley de Libertad Educativa”, sumando reclamos de inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

En contraste con el paro impulsado por CTERA, los sindicatos docentes alineados en la Confederación General del Trabajo  dispusieron encarar un plan de lucha alternativo que no prevé la suspensión de las actividades escolares.

Estas organizaciones optaron por llevar adelante jornadas de trabajo a reglamento y el dictado de clases informativas dirigidas a comunicar la problemática edilicia y remunerativa del sector.

Asimismo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las autoridades de la central obrera convocaron a una conferencia de prensa para este lunes a las 14:00 en su sede de Azopardo 802, donde anunciarán los detalles de una movilización que se dirigirá al Ministerio de Capital Humano o a la Secretaría de Educación.

En este contexto de protestas, el Gobierno Nacional anunció que fiscalizará el funcionamiento de las instituciones educativas para resguardar la continuidad de la enseñanza.

Por medio de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano en la red social X, la cartera informó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social llevará a cabo una inspección muestral en establecimientos de todo el país.

El objetivo oficial será verificar si las entidades sindicales cumplen con el artículo 101 de la Ley N.º 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y exige garantizar un piso mínimo del 75% de la prestación habitual durante las medidas de fuerza.

“En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, puntualizó el comunicado.

Si bien la administración central reconoció que “la gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones”, remarcó la potestad del Estado nacional como “garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución”.

La dependencia oficial finalmente exhortó a “priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas”.

El operativo de control se desarrollará en medio de un conflicto de interpretación judicial sobre la aplicabilidad de la ley.