La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó este miércoles la pena de seis años de prisión para Sergio y Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y Abel Fatala.

El pedido se realizó ante el Tribunal Oral Federal 5 en el marco del juicio por defraudación en el programa “Sueños Compartidos”.

Durante un alegato de más de tres horas, la abogada de la UIF, Marianela Teich, coincidió con las penas que había formulado previamente el fiscal Diego Velasco. La solicitud incluye, además de la prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes secuestrados en la causa.

Para el resto de los imputados, el organismo pidió una condena de cuatro años de cárcel. Entre ellos se encuentran exfuncionarios de Santiago del Estero, señalados como partícipes secundarios de la maniobra.

Un "esquema criminal" de desvío de fondos

La investigación se centra en el presunto desvío de fondos públicos que debían destinarse a viviendas sociales entre 2005 y 2011. Los recursos eran canalizados mediante adjudicaciones directas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que administraba el programa.

Según la acusación, se habrían desviado más de 206 millones de pesos de un total de 900 millones asignados por el Estado Nacional.

El fiscal Velasco sostuvo que el sistema funcionaba como una "pantalla" para eludir controles y otorgar beneficios irregulares a los administradores. Con la exposición de la UIF, se dio por concluida la etapa de la acusación en este proceso judicial. A partir de la próxima semana y hasta fines de agosto, será el turno de los alegatos de las defensas.

El veredicto final, que estará a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico, se estima para los meses de septiembre u octubre. El juicio entra así en su etapa de definiciones tras años de investigación sobre el manejo de fondos para obra pública.